El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que dejará sin efecto el cobro de un timbre de $ 170 sobre todos los informes médicos vinculados a la atención en salud a partir de agosto que había sido dispuesto por la Caja de Profesionales, confirmaron a El Observador fuentes de Presidencia.
Los ministros ya habían firmado el decreto y restaba la rúbrica del presidente, según lo que había adelantado VTV Noticias este miércoles.
Consultado al respecto este jueves en una rueda de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, defendió la decisión del gobierno de revertir por decreto el cobro de este timbre.
"Se procuró tratar de recomponer, que se dejara sin efecto la decisión tomada anteriormente. Y bueno, como no hubo consenso entre los integrantes de la caja, lo que hubo necesidad de colocar es un decreto a los efectos de que no sean los sectores más débiles o los que más requieren de los servicios de salud los que estén pagando esta situación", argumentó.
El decreto del gobierno, entonces, "vuelve todo a la situación anterior", previa a la aprobación del timbre. "Va a haber que ponerle más cabeza y más pienso para ver cómo se revierte y se generan los recursos que se están necesitando en la caja", agregó.
La resolución adoptada por el Directorio de la Caja de Profesionales había sido rechazada por el gobierno, además del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Junta Nacional de la Salud (Junasa) y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), entre otros actores.
El cobro de este timbre médico desde agosto había sido votado el pasado 28 de mayo, incluso por los representantes del Poder Ejecutivo, que luego intentaron rectificar la votación, pero sin éxito.
Por ese entonces, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, había dicho que los directores en representación del Ejecutivo habían sido "engañados en su buena fe" al votar por la aplicación de este timbre.
La Caja de Profesionales no aprobó, por 5 votos contra 2, rectificar la votación, pero sí había enviado una nota al gobierno para abrir un ámbito de negociación, algo que rechazó el Ejecutivo.
En una carta enviada en respuesta, Di Doménico comunicó que se rechazaba la negociación porque ya se había resuelto que se apelaría a una vía formal para dejar sin efecto la medida.
Ante ese anuncio, la Caja de Profesionales había adelantado que recurriría la medida, porque entiende que el Poder Ejecutivo no puede modificar ni anular una resolución del Directorio por esa vía.
