El gobierno rechazó la invitación de la Caja de Profesionales de negociar las condiciones del timbre que pretende aplicar el organismo previsional a la atención médica y mantiene su postura de buscar el mecanismo para anular la resolución.
En una nota firmada por la Secretaría de la Dirección Nacional de Seguridad Social –dependiente del Ministerio de Trabajo– y enviada este lunes, el gobierno dice que no acepta la invitación a negociar formulada por la Caja de Profesionales y recuerda que ya le transmitió al presidente del organismo que velando por el interés general, explorará y aplicará el mecanismo formal que lo faculte para dejar la resolución sin efecto, según pudo saber El Observador.
En el directorio del jueves 18, la Caja de Profesionales había ratificado la decisión –votada por unanimidad el 28 de mayo– de aplicar un timbre de $ 170 a los “informes emitidos por profesionales universitarios asociados a consultas médicas” y aprobó convocar a la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo a una instancia de negociación. La idea es empezar a cobrarlo a partir del 1° de agosto.
En ese directorio, los representantes del Poder Ejecutivo habían pedido rectificar la votación del 28 de mayo pero perdieron la votación por 5 a 2. La idea de los otros directores era abrir una negociación con el gobierno para tratar de aplicar algunas excepciones.
El vicepresidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, había adelantado en el programa Todo un tema de El Observador que la idea era que menores de un año, mayores de 65 años e internados en CTI y cuidados moderados no paguen el timbre y, además, que se establezca un máximo de un timbre por mes por paciente.
Sin embargo, para el gobierno no hay margen de negociación y el objetivo es anular la resolución. Pero el camino no es tan fácil.
La Caja de Profesionales es un organismo público no estatal y por lo tanto no está sujeto a jerarquía del Poder Ejecutivo y tiene el mayor nivel de independencia dentro de la administración pública. Sin embargo, la ley de creación de la Caja establece algunos mecanismos de control que el gobierno tiene sobre las decisiones del directorio.
Los directores sociales de la Caja de Profesionales sostienen que la única vía para anular o modificar la decisión adoptada el 28 de mayo es a través de una ley. Para ello se basan en que la resolución del directorio lo que hace es aplicar una ley que está vigente y que ya se aplicó en otros momentos. Se trata del artículo 71 de la ley 17.738 que señala que los documentos “otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación”.
Sin embargo, esa misma ley establece algunos mecanismos por los que el gobierno puede revisar decisiones del directorio. Pero la descoordinación que mostró el gobierno vuelve el procedimiento un poco más complejo.
El artículo 8 de la ley mencionada dice que los directores que hayan votado negativamente una resolución podrán elevar al Poder Ejecutivo “copia del acta y los antecedentes respectivos, siempre que formulen dicha solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del término perentorio de ocho días hábiles siguientes”. Eso hace que la “decisión impugnada” quede en suspenso “a la espera de lo que dictamine en definitiva el citado Poder”.
El problema es que, pese a que el gobierno estaba en contra, los directores en representación del gobierno votaron a favor de la resolución por lo que no pueden elevar el tema. Sin embargo, el magíster en Derecho Administrativo, Miguel Pezzutti, explicó en diálogo con El Observador que el gobierno tiene una alternativa.
Un interesado debería presentar un recurso administrativo que plantee la nulidad de la resolución del directorio de la Caja de Profesionales y al someterse a votación si se hace lugar o no los delegados del Poder Ejecutivo deberían votar negativamente. Ante esa votación se activa el mecanismo antes mencionado por el que los directores del gobierno podrían elevar el tema para que el Poder Ejecutivo decida sobre si hacer lugar al recurso que plantea la anulación de la resolución.
“Ese mecanismo puede reabrir el tema cuando se decide el recurso que interponga un interesado, si alguno de los directores vota en contrario y lo activa”, explicó Pezzutti.
La duda que queda en ese punto es si el Poder Ejecutivo puede presentarse como intersado e interponer un recurso. Pezzutti explicó que es una figura similar a la de los recursos de inconstitucionalidad donde está Poder Ejecutivo que el gobierno pueda presentarse.
En entrevista con Aire Rico, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, aseguró que el gobierno va a publicar un decreto para frenar "este mazazo" a la población. Sin embargo, no dio detalles de cómo se implementaría aunque aseguró que los timbres no se van a cobrar.
Desde la Caja entienden que a través de un decreto el Poder Ejecutivo no puede modificar ni anular una resolución del Directorio. Incluso, el presidente Andrés Pérez dijo en diálogo con Canal 10 que si se publica un decreto la Caja va a recurrirlo.
