El directorio de la Caja de Profesionales le contestó, con un comunicado público, al oficio que la Junta Nacional de Salud (Junasa) le había enviado cuestionando la resolución por la que se pretende empezar a cobrar un timbre de $ 170 sobre los informes realizados por profesionales universitarios vinculados a la atención médica.
“Las objeciones de la Junasa, aun pudiendo ser legítimas en el plano de la política sanitaria, no logran desvirtuar la legalidad del acto: no se ha creado un tributo/paratributo nuevo ni se ha efectuado una interpretación extensiva contra el sujeto pasivo, sino que se ha dispuesto el cumplimiento de una obligación tributaria vigente, cuya exoneración es competencia exclusiva del legislador, no de la autoridad sanitaria”, dice el comunicado firmado por el directorio.
En la sesión del 28 de mayo, el directorio del organismo paraestatal decidió por unanimidad (con el voto de los directores en representación del gobierno) comenzar a cobrar un timbre de $ 170 sobre los “informes emitidos por profesionales universitarios, asociados a consultas médicas o de otros profesionales de la salud humana en todas las modalidades de atención”.
Esa decisión fue cuestionada por la Junasa que le pidió a la Caja dejarla sin efecto. Desde el organismo de la salud argumentaron que esto "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".
En el oficio dirigido a la Caja de Profesionales, al que accedió El Observador, señala que "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras". Según la Junasa "se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".
La decisión también fue cuestionada por el director nacional de Seguridad Social (dependiente del Ministerio de Trabajo), Leonardo Di Doménico, que la catalogó de inconveniente y adelantó a El Observador que el gobierno ya tiene la decisión tomada de “en el ejercicio de sus facultades” anular la resolución.
Sin embargo, en la Caja de Profesionales tienen otra visión y entienden que la única forma de evitar que esto se aplique es mediante una ley que modifique la vigente 17.738.
“La ley 17.738 no ha sido modificada ni derogada en lo que respecta a este hecho generador, y por tanto, mientras conserve vigencia, la Caja tiene no solo la facultad sino el deber de recaudar el recurso indirecto que la ley le asigna como fuente de financiamiento del régimen de seguridad social de los profesionales universitarios”, dice el comunicado.
¿Qué dice esa ley? Que los documentos otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación y no será menor de $ 6 ni mayor de $ 480.
Hasta ahora ese timbre no se cobraba a los médicos y en el MSP, dijo Di Doménico en La Diaria radio, estimaron que la recaudación podría llegar a ascender hasta US$ 100 millones por año.
“La inacción o aplicación discontinuada en el pasado no genera derecho adquirido a su inaplicación. Si la Caja no exigió con el mismo rigor el cumplimiento de esta obligación anteriormente, ello no purga la vigencia de la norma ni impide su exigibilidad hacia el futuro. Y precisamente la Caja estableció que sólo exigirá el pago correspondiente a partir del 1° de agosto de 2026, y no en avalúos por períodos anteriores”, agrega el comunicado.
