El gobierno tiene decidido anular la resolución de la Caja de Profesionales sobre comenzar a cobrar timbres sobre los registros médicos a partir del 1° de agosto, según dijo a El Observador el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico. La decisión fue tomada por unanimidad por el directorio de la Caja en la sesión del 28 de mayo en busca de nuevos recursos para financiar el déficit que acumula.
La resolución tuvo el respaldo de los delegados del Poder Ejecutivo en la Caja, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias, pero la decisión del Poder Ejecutivo es de anular la resolución.
Consultado sobre por qué los delegados del Poder Ejecutivo habían tomado la decisión de acompañar la propuesta del directorio, Di Doménico aseguró que fueron “sorprendidos en su buena fe”.
“Fueron sorprendidos en su buena fe, en la primera sesión que asistían, más de seis horas de duración”, dijo el director de Seguridad Social y agregó que el martes ya le había solicitado al presidente del directorio, Andrés Pérez, revisar la decisión.
Sin embargo, el directorio de la Caja tiene previsto reunirse esta tarde y según fuentes consultadas por El Observador la idea es mantener la decisión. Eso va a llevar que en “ejercicio de sus facultades” el Poder Ejecutivo anule la resolución. “La resolución es formalmente irregular y fácticamente de mayúscula inconveniencia”, agregó Di Doménico.
Di Doménico explicó en La Diaria radio que la resolución de la Caja implica "que a cada registro médico pagar un ticket de $ 170. "Estamos hablando de acuerdo a las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud Pública de un impacto de transferencias de entre US$ 60 y US$ 100 millones por año", aseguró.
Iglesias y Aguirregaray asumieron como delegados del gobierno ante la Caja de Profesionales luego de que a sus antecesores se les pidiera la renuncia por haber votado una partida salarial en un directorio que por ley debe ser honorario.
La queja de la Juanasa
La Junta Nacional de la Salud (Junasa) le había solicitado a la Caja de Profesionales que deje sin efecto la resolución por la cual dispuso la aplicación del timbre profesional sobre los informes emitidos por profesionales vinculados a consultas médicas y demás prestaciones asistenciales.
Desde el organismo de la salud argumentaron que esto "supone la incorporación de un nuevo costo asociado a la atención sanitaria, con impacto directo sobre los usuarios y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud".
En un oficio dirigido a la Caja de Profesionales, al que accedió El Observador, "este costo incremental afecta todas las consultas de policlínica, puerta de urgencia y emergencia, entre otras". Según la Junasa "se ha informado a los prestadores que también deben tributar por todos los exámenes y análisis clínicos realizados a pacientes en puerta de emergencia, así como los registros en la historia clínica de pacientes internados y en domicilio".
