El cinturón utilizado y las dudas de la familia
Según el protocolo de autopsia, Almendra murió por una “asfixia mecánica por compresión de cuello”. El informe criminalístico identificó como elemento constrictor un cinturón de cuero con hebilla metálica, aunque el abogado defensor sostiene que eso "no es determinante" para establecer si es autoeliminación u homicidio.
Por otra parte, la familia puso en duda que el objeto perteneciera a la joven. En diálogo con El Observador, Silva explicó que la defensa consultó a sus personas más cercanas, especialmente a sus amigas.
“Procuramos citar a todo el entorno de Pepa, especialmente a sus amigas, que por la edad se supone que conocen la ropa de su mejor amiga. Todas fueron coincidentes en que ese cinto no era de Pepa y que nunca se lo habían visto puesto”, afirmó.
Silva agregó que el cinturón tenía una extensión considerablemente mayor que la de uno que habría utilizado Almendra y que, cuando fue encontrada, la joven llevaba puesto otro, de color verde.
“Es un cinto que tiene tres o cuatro veces el largo de uno que usaría Pepa. También es de destacar que, en el momento en que fue encontrada, tenía colocado su cinturón, que era de color verde”, señaló.
La defensa aportó a la Fiscalía registros audiovisuales con las declaraciones de las amigas, ambas mayores de edad.
También pidió conocer si se practicaron pericias para extraer huellas o muestras de ADN del cinturón, de un rollo de cinta adhesiva, de los fragmentos retirados de la rama y de una caña que, según Silva, habría formado parte del punto de anclaje.
“Lo que hubiese correspondido era enviar esos elementos al laboratorio para analizar y extraer muestras de ADN y eventualmente huellas. La cinta adhesiva, por su superficie, es un elemento sumamente fértil para recoger ADN y huellas”, afirmó.
El abogado cuestionó que la caña no fuera conservada como evidencia y solicitó conocer qué tratamiento recibieron los demás objetos. La defensa reclamó además acceder a la orden fiscal que dispuso o autorizó su entrega o devolución y saber si fueron sometidos a estudios criminalísticos.
La bolsa con varios cinturones encontrada en la zona
Otro de los puntos planteados está relacionado con una bolsa que fue encontrada el sábado 1º de agosto por familiares y amigos de Almendra durante una recorrida por la zona donde había aparecido el cuerpo.
Según el escrito, la bolsa estaba a pocos metros del lugar y contenía numerosos cinturones de distintos colores y tamaños, una cuerda y un par de aritos. La familia presentó una fotografía del hallazgo como evidencia. Aparentemente, según dijo el abogado, la Policía no habría dado cuenta a la Fiscalía de esta situación.
De hecho, de acuerdo con el abogado, en este tipo de casos es normal que se constituya en la escena del hecho algún integrante del equipo fiscal como directores de la investigación, pero en esta oportunidad "resulta extraño que por la gravedad del hecho ninguna de las integrantes del equipo fiscal se haya constituido en la escena".
La presentación relata que los familiares se comunicaron con el abogado Sebastián Beracochea, quien concurrió al lugar y llamó a la Seccional 10ª para informar sobre los objetos y solicitar que fuera enviado un móvil policial.
Desde esa dependencia, siempre según la versión consignada en el escrito, le respondieron que la Policía ya había trabajado en el lugar y que, debido al tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo, no enviarían personal. También le indicaron que debía comunicarse con la Seccional 1ª, que estaba a cargo de la investigación.
El abogado intentó contactarse con esa seccional, pero no obtuvo respuesta, por lo que llamó al servicio de emergencias 911. Una funcionaria le comunicó que enviaría un móvil. Minutos después, un policía de la Seccional 1ª se comunicó con Beracochea para informarle que se dirigía hacia el lugar.
Posteriormente llegaron funcionarios de esa dependencia y de la Prefectura Nacional. Uno de los efectivos recogió la bolsa y manifestó que sería enviada para su correspondiente análisis, señala la presentación.
Sin embargo, la defensa aseguró que no encontró en la carpeta fiscal ninguna constancia sobre la incautación, el eventual peritaje ni el destino final de esos objetos.
“Llama poderosamente la atención que dicho procedimiento no tenga reflejo alguno en la carpeta fiscal”, expresó Beracochea. A juicio de la familia, los elementos podrían tener interés para el esclarecimiento de los hechos debido a sus características y a la cercanía con el lugar donde fue encontrado el cuerpo.
Por esa razón, pidió que la Fiscalía solicite un informe a la Seccional 1ª, determine qué ocurrió con los objetos y, en caso de que hayan sido conservados, establezca si fueron sometidos a análisis.
La arena encontrada en el rostro
El informe forense, según el abogado, no hizo alusión alguna a los vestigios de arena registrados fotográficamente en el rostro y cabello de Almendra, mientras se encontraba suspendida en el aire.
A juicio de la defensa, es un elemento consignado en la documentación del caso que debe ser analizado al reconstruir cómo fue manipulado el cuerpo después del hallazgo y antes de la intervención forense.
Silva aseguró que Almendra fue descolgada antes de la llegada de la médica forense y cuestionó que el cuerpo fuera colocado sobre el suelo, debido a que esa maniobra podía contaminar tanto la escena como los eventuales rastros presentes en el cuerpo.
Para Silva, ese dato adquiere relevancia debido a que Almendra habría sido retirada del punto donde fue encontrada y apoyada sobre la arena antes de que se completara el relevamiento médico y criminalístico.
“A Pepa la bajaron y la colocaron en el piso. No solo se contaminó la escena, sino también las eventuales muestras de ADN que se podrían recoger del cuerpo”, afirmó el abogado.
El pedido de una nueva autopsia
En otra presentación, la familia solicitó con carácter urgente una nueva autopsia a cargo de una junta médico-forense, con la participación de un médico legista designado por sus allegados. La defensa considera que el primer examen presenta “omisiones relevantes” y no permite determinar de manera concluyente la etiología médico-legal de la muerte, es decir, si fue autoinfligida, accidental o provocada por otra persona.
“No toda escena donde hay una persona ahorcada, sea con suspensión completa o incompleta, implica necesariamente una autoeliminación. Para determinarlo hay que hacer un examen interdisciplinario que contemple la autopsia forense, las pericias policiales y las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas”, afirmó Silva.
“El informe forense puede resultar contundente para establecer la causa médica de la muerte, que fue una asfixia por compresión del cuello, pero es metodológicamente insuficiente para determinar su etiología médico-legal debido a las omisiones periciales y a la falta de estudios complementarios”, agregó.
Entre las nuevas medidas, la familia pidió un estudio toxicológico completo de las muestras biológicas conservadas para determinar la eventual presencia de alcohol, estupefacientes, psicofármacos, medicamentos u otras sustancias que pudieran haber incidido en el estado de Almendra antes de su muerte.
También reclamó estudios histopatológicos de los tejidos y órganos preservados, especialmente de la región cervical. Silva cuestionó que el informe forense no consigne una disección profunda del cuello que permita detectar lesiones internas.
“No vemos en el informe que se haya realizado un examen profundo del cuello para saber, por ejemplo, si existió un estrangulamiento previo. Las señales superficiales son las que se observan a simple vista, pero hay que examinar los músculos y determinar si existen hematomas internos”, afirmó.
La defensa solicitó además un raspado subungueal en ambas manos y el análisis genético y biológico de las muestras para detectar ADN, sangre, tejido epitelial u otros vestigios de terceras personas.
“En estos casos se recoge el material genético de debajo de las uñas porque puede contener vestigios vinculados con un mecanismo defensivo. Acá no se hizo”, aseguró Silva.
La presentación también reclamó que la junta médico-forense determine con la mayor precisión científica posible la fecha y hora del fallecimiento. Para eso pidió, entre otras medidas, un estudio del humor vítreo, en caso de que se hayan conservado muestras o todavía resulte técnicamente posible obtenerlas. Ese análisis podría aportar información adicional sobre la data de muerte.
Silva agregó que tampoco aparecen consignados algunos exámenes oculares y otros estudios complementarios que, según la defensa, permitirían profundizar el análisis del síndrome asfíctico.
La familia pidió que la junta evalúe de manera integral si los hallazgos son compatibles exclusivamente con una muerte autoinfligida o si admiten otras hipótesis médico-legales. También dejó abierta la posibilidad de que se ordene cualquier otro examen considerado necesario.
“El caso permanece en un estado de incertidumbre jurídica y científica. La hipótesis de un homicidio no puede ser descartada”, sostuvo Silva.
La afirmación corresponde a la evaluación de la defensa ya que los escritos no atribuyen responsabilidad a una persona concreta ni contienen una conclusión pericial que determine que Almendra haya sido víctima de un homicidio. La Fiscalía deberá evaluar los cuestionamientos y resolver si dispone las nuevas diligencias solicitadas.
Debido al avance natural del proceso de descomposición, la defensa pidió además que el cuerpo fuera retirado de la funeraria y trasladado a una cámara de conservación para preservar las condiciones necesarias para los nuevos estudios.
Cámaras y un nuevo registro de Pepa Almendra
El escrito presentado el jueves 6 también reclamó que se obtengan e incorporen a la carpeta fiscal las grabaciones de varias cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior ubicadas en la zona.
La defensa pidió preservar los registros comprendidos entre las 15:00 del lunes 27 de julio y las 22:00 del martes 28. Ese período abarca desde las horas previas a la última vez que Almendra fue vista con vida hasta el momento en que fue encontrado su cuerpo.
Según el planteo, las grabaciones podrían aportar información sobre los horarios, los recorridos y los desplazamientos de la joven, así como permitir establecer si otras personas circularon por el lugar durante ese lapso.
La familia también entregó un video obtenido de una cámara particular del restaurante Imarangatu, ubicado en la rambla Claudio Williman, a la altura de la parada 7 de la Playa Mansa.
De acuerdo con el escrito, en esas imágenes se observa a Almendra circulando por las inmediaciones del establecimiento aproximadamente a las 16:02 del lunes 27 de julio. La defensa considera que el registro puede contribuir a reconstruir sus movimientos durante esa tarde. Según Silva, estas son las últimas imágenes de Pepa con vida que tiene la defensa hasta el momento.
El testimonio de un amigo
En esa misma presentación, la familia aportó la grabación de pantalla de una conversación mantenida por Silva con un amigo de Almendra.
Según el audio de WhatsApp presentado ante la Fiscalía, al que accedió El Observador, el hombre hizo afirmaciones sobre el vínculo que la joven mantenía con su novio y señaló que este creía que ella estaba embarazada.
El escrito no presenta pruebas que permitan confirmar esas manifestaciones ni atribuye responsabilidades a ninguna persona, pero la defensa pidió que el contenido de la conversación sea incorporado a la investigación y evaluado por la Fiscalía junto con el resto de las evidencias.
Los tres escritos se apoyan en el artículo 81.2, literal C, del Código del Proceso Penal, que permite a la víctima solicitar al fiscal la realización de determinadas diligencias. Ahora será la Fiscalía de Maldonado de 4º Turno la que deberá resolver cuáles de las medidas requeridas serán dispuestas dentro de la investigación.
Pepa Almendra, de 18 años, había sido denunciada como desaparecida sobre las 14:00 del lunes 27 de julio, luego de salir de su casa con destino a una biblioteca del centro de Maldonado, adonde nunca llegó. Su cuerpo fue hallado en la noche del martes 28 de julio y, desde entonces, la familia cuestiona aspectos del operativo desplegado durante la búsqueda y procura reconstruir, a través de la investigación judicial, qué actuaciones realizaron los organismos intervinientes en esas horas.
