La Caja de Profesionales Universitarios se robó buena parte del debate político de 2025. La discusión que se generó durante la aprobación de la ley de salvataje en el Parlamento generó fuertes cruces entre oficialismo y oposición pero también entre el gobierno y el entonces directorio del organismo previsional.
Sin embargo, a impulso de la oposición, la ley sumó un artículo por el que se creó una comisión de expertos que tenía como objetivo pensar soluciones de fondo para el organismo más allá del rescate financiero. El trabajo de esa comisión finalizó hace dos semanas y el resultado no hizo más que evidenciar las profundas diferencias que existen entre el gobierno y el directorio de la Caja de Profesionales.
A esas diferencias se le suma la designación de los nuevos representantes del Poder Ejecutivo, luego de la renuncia de los anteriores por haber votado una partida salarial en un directorio que por ley debe ser honorario y un proyecto de ley del propio gobierno que modifica un artículo de la ley aprobada en 2025.
Este último proyecto fue el que terminó desatando el enfado del presidente de la Caja, Andrés Pérez, ya que fue un tema que se discutió en la comisión y se enteraron por la prensa de la propuesta.
“Este era uno de los principales acuerdos que habíamos llegado en la Comisión de Expertos. Derogar o modificar el artículo 13 de la ley de 2025. Y mientras terminamos de ajustar el documento, que nos comprometimos a no difundir hasta que esté pronto, nos enteramos por la prensa sobre este proyecto. Sentimos que nos están tomando pelo”, dijo a El Observador el presidente de la Caja.
El proyecto que el gobierno envió al Parlamento plantea derogar el artículo 13 de la ley 20.410, aprobada en 2025. Ese pasaje, según la exposición de motivos del proyecto, “limitó” a la Caja de Profesionales en el intercambio de información con otros organismos de seguridad social así como administraciones tributarias. “Eso supone un deterioro en las capacidad de intercambio de información que la Caja ya tenía previo a la aprobación de esta norma”, dice la exposición de motivos del texto.
Pérez explicó a El Observador que esa norma le impide a la Caja averiguar a partir de importaciones de insumos u otra información si hay profesionales que por su actividad deberían estar aportando a la Caja pero lo hacen como servicios personales ante el BPS. “Ahí están pagando una tercera o cuarta parte”, cuestionó. Tampoco les permite, según Pérez, publicar un listado de profesionales habilitados en las distintas áreas.
Según pudo saber El Observador, en el documento acordado por la Comisión de Expertos –conformada por representantes del gobierno y de la Caja– se había llegado a un acuerdo que implicaba abordar este tema. Entre las medidas propuestas estaba la derogación del artículo –tal como propone el proyecto de ley– o la posibilidad de una redacción alternativa que proponía el organismo previsional.
Es decir, si bien en el fondo del asunto los directores de la Caja están de acuerdo con el proyecto –aunque preferían la redacción alternativa–, les molestó la forma. El proyecto, además, incluye una nuevas posibilidades de refinanciamiento de deudas para afiliados algo que tampoco fue conversado con el directorio actual, según Pérez.
A nivel general, la Comisión de Expertos terminó con un acuerdo sobre el diagnóstico pero las medidas planteadas no incluyen las principales propuestas de los directores electos: aumento de timbres y que la recaudación por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) de sus afiliados quede en el organismo.
La polémica por los nuevos representantes
El Poder Ejecutivo oficializó el 21 de mayo la designación de sus dos representantes ante el directorio de la Caja de Profesionales luego de la renuncia de los dos anteriores en enero.
María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez renunciaron a su cargo luego de que desde el propio Poder Ejecutivo cuestionaran su accionar. Los representantes del gobierno votaron a favor de pagar una partida mensual de $ 131 mil a los directores pese a que esos cargos son honorarios por ley y que un informe de la Asesoría Jurídica decía que era ilegal crear esa remuneración.
Sin embargo, tanto Sanguinetti como Rodríguez aseguraron en su momento que actuaron en coordinación con el Ministerio de Trabajo aunque el ministro Juan Castillo dijo lo contrario. Eso derivó en la renuncia y en esta nueva designación, casi cinco meses después.
Ahora, las nuevas designaciones volvieron a levantar polvareda porque se trata de dos personas que ocupan cargos públicos. Según Pérez, José Antonio Iglesias es asesor del actual director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, y Pablo Aguirregaray es funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) especializado en seguridad social y fue el suplente de Hugo Bai en la comisión de expertos.
Pérez planteará en el próximo Directorio de la Caja de Profesionales, que se reúne los jueves, que “no corresponde” que “funcionarios rentados” actúen en un “pseudo pase en comisión” en un directorio que es honorario. El presidente del organismo agregó que ya le hizo este planteo a Di Doménico.
Tanto Pérez como el resto de los directores electos de la Caja defienden que el cargo de director no puede ser honorario por la demanda de trabajo que conlleva. Incluso, en el gobierno comparten esa visión porque trataron de revertir la decisión tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou pero sin éxito.
La reforma de la seguridad social aprobada en 2023 estableció que el próximo directorio de la Caja de Profesionales –votado en diciembre de 2025 y que asumió en febrero– fuera honorario. Es decir, que los representantes tanto de jubilados como de activos y representantes del Poder Ejecutivo no recibieran una remuneración por su actividad en ese organismo. El salario nominal del presidente de la caja era en 2025 de unos $ 200 mil, un 30% más que el resto de los directores.
La nueva administración encabezada por Yamandú Orsi intentó revertir en parte la decisión de volver honorarios esos cargos. En el proyecto de salvataje enviado por el gobierno el año pasado al Parlamento había un artículo que establecía que “sin perjuicio” de lo establecido en la ley de 2023, el Poder Ejecutivo podía “prever un régimen de compensación de gastos o de viáticos indispensables para los integrantes del Directorio, con el objetivo de favorecer el mejor desempeño de la función”.
Sin embargo, ese artículo quedó por el camino en la discusión parlamentaria por el rechazo de la oposición. Por lo que la normativa vigente establece que deben ser honorarios.
