Los delegados del gobierno, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, renunciaron a su cargo luego de que desde el propio Poder Ejecutivo cuestionaran su accionar. El viernes, en diálogo con El Observador, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que se había sorprendido con la aprobación de la partida y que estaban trabajando para revertirla.
Sin embargo, en su carta de renuncia, difundida inicialmente por Tv Ciudad, Sanguinetti asegura que su “actuación en las instancias cuestionadas se realizó en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
Además, distintas fuentes del oficialismo dijeron a El Observador que la decisión de votar la partida fue consultada con el Ministerio de Trabajo y que, por eso, quien quedaba bajo la lupa era el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, que siempre fue impulsor de que los directores reciban un pago por su tarea.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, descartó en rueda de prensa que el accionar de los delegados del Poder Ejecutivo haya sido ordenado por su cartera. "Que nosotros tengamos conocimiento no surge ninguna cifra ni monto de viático posible", aseguró y agregó que la ley es clara. El ministro dijo, además, que en la carta de renuncia que él tiene Sanguinetti no dice que actuó por orden de esa cartera.
La carta difundida por Tv Ciudad está dirigida al ministro y tiene la firma de la ahora exdirectora. Consultada por El Observador, Sanguinetti dijo que no daría declaraciones pero confirmó que la carta que habían publicado algunos medios era la que ella había presentado ante el Ministerio de Trabajo.
Di Doménico, por su parte, se encuentra de licencia y retomará sus funciones este miércoles. Hasta entonces prefirió no responder las preguntas de El Observador.
Intento frustrado
En el proyecto de reforma de toda la seguridad social aprobado en 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou estableció que el próximo directorio de la Caja de Profesionales –votado en diciembre y que asumirá en febrero– sea honorario. Es decir, que los representantes tanto de jubilados como de activos y representantes del Poder Ejecutivo no recibieran una remuneración por su actividad en ese organismo.
El salario nominal del presidente de la caja era en 2025 de unos $ 200 mil, un 30% más que el resto de los directores.
La nueva administración encabezada por Yamandú Orsi intentó revertir en parte la decisión de volver honorarios esos cargos.
En el proyecto de salvataje enviado por el gobierno el año pasado al Parlamento había un artículo que establecía que “sin perjuicio” de lo establecido en la ley de 2023, el Poder Ejecutivo podía “prever un régimen de compensación de gastos o de viáticos indispensables para los integrantes del Directorio, con el objetivo de favorecer el mejor desempeño de la función”.
Sin embargo, ese artículo quedó por el camino en la discusión parlamentaria por el rechazo de la oposición. Pese a esto y al informe de la Asesoría Jurídica que decía que era ilegal, la semana pasada el directorio de la Caja de Profesionales votó la partida de $ 131 mil para los directores.
Tal como informó El Observador, el tema se comenzó a discutir en la sesión del directorio del 8 de enero. Ese día, el director en representación de los jubilados, Robert Long, promovió una discusión sobre el carácter honorario de los directores de la Caja. Planteó que la institución se encontraba en una situación crítica que requería una dedicación casi que exclusiva para abordar los desafíos y agregó que un cargo honorario podría dificultar la captación de profesionales de alto nivel.
La propuesta tuvo el respaldo del director en representación de los activos Fernando Rodríguez Sanguinetti pero luego de varios intercambios decidieron pasar el tema a la Asesoría Jurídica. A grandes rasgos, el informe de Jurídica establece que cualquier retribución que se apruebe -sin importar la denominación de la partida- no puede significar en modo alguno un “salario encubierto”.
”La regularidad en el monto abonado, el importe en sí, y la falta de rendición de cuentas en una hipótesis de asignación de fondos, son indicios claros de ilegalidad en el escenario planteado. Y a ello se le suma el hecho de que esos pagos no tendrían los descuentos legales de otras retribuciones”, dice.
Pese a esa opinión, con los votos a favor de Rodríguez Sanguinetti, que asumirá como presidente en febrero, del director por los jubilados y de los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la institución, Sanguinetti y Rodríguez, el directorio aprobó una partida mensual de $ 131 mil para los directores. El actual presidente, Daniel Alza, y la vicepresidenta, Virgina Romero, votaron en contra.
Esta semana, Rodríguez Sanguinetti defendió el pago de una partida como una "compensación" por lo que se deja de percibir en la actividad privada. "Estamos en total desacuerdo con los cargos honorarios en cualquier institución estatal o para estatal, el trabajo -profesional- debe tener una justa remuneración", escribió en una carta difundida entre los afiliados.
Blauco Rodríguez, otro de los directores en representación de los afiliados que no estaba en la sesión que se aprobó la partida, pedirá la nulidad de esa votación en la próxima sesión del directorio el jueves.
Cuestionado
Si bien María Noel Sanguinetti no lo menciona en su carta de renuncia, Di Doménico es la persona señalada desde el oficialismo y la oposición como quien está detrás de la decisión de que los representantes del gobierno votaran a favor.
Una vez conocida la carta de renuncia en la que Sanguinetti asegura que actuó por órdenes del Ministerio de Trabajo, distintos representantes de la oposición reclamaron explicaciones desde esa cartera.
"¡Esto es un escándalo! La representante del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales Universitarios en su carta de renuncia dice que actuó con el mandato que le dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para esta decisión. Es hora que las autoridades del Ministerio salgan a aclarar este asunto. Si hay autoridades del Gobierno que promovieron el incumplimiento de la ley es sumamente grave", escribió el diputado colorado Conrado Rodríguez en la red social X.
En la misma línea, el también diputado colorado Adrían Juri adelantó que planteará la convocatoria de las autoridades del ministerio a la Comisión de Trabajo.
"Mañana miércoles tenemos sesión de extraordinaria de la Comisión de Trabajo, solicitaremos formalmente que las autoridades del Ministerio de Trabajo concurran a dar explicaciones sobre esto. No tiene ni pie ni cabeza, las contradicciones son cada vez más grandes", dijo en X.
