Este martes los dos representantes del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez, presentaron la renuncia a sus puestos tras la polémica suscitada por la aprobación por parte del Directorio de una partida de $ 131 mil para sus miembros, según supo El Observador en base a fuentes del organismo.
Esta decisión se había tomado pese a que la Ley de Reforma de Seguridad Social aprobada en el gobierno de Luis Lacalle Pou fijó el "carácter honorario" de los integrantes.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por El País, la situación llevó a que el Poder Ejecutivo resolviera la remoción de sus dos directores designados.
Luego de que conocieran esta determinación, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó El Observador, ambos representantes presentaron su renuncia en las últimas horas.
Durante la tarde, según el consignado medio, está previsto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, firme una resolución para designar a los dos nuevos representantes del gobierno en la Caja.
La aprobación de la partida, votada el 8 de enero, contó con el apoyo del actual director Fernando Rodríguez Sanguinetti, junto a otros tres miembros, entre ellos los representantes del Poder Ejecutivo, y la negativa del presidente de la Caja, Daniel Alza, y la vicepresidenta del organismo, Virginia Romero.
Rodríguez Sanguinetti escribió una carta el pasado sábado dirigida a los profesionales universitarios en la que fundamentó su postura a favor de las partida y se posicionó en "total desacuerdo" con los cargos honorarios.
En el texto –divulgado en primera instancia por El País– el director de la Caja de Profesionales comparó la situación de los integrantes del Directorio con la de los ediles, quienes tienen un cargo honorario –algo establecido en la Constitución– pero igual cobran distintas partidas.
"En Uruguay, la figura del director honorario implica que la persona no percibe un sueldo o remuneración por el ejercicio de su función (...) Sin embargo, esto no significa que no reciban ningún tipo de partida económica (dieta, viáticos, partidas, compensaciones, etc)", escribió el director de la institución.
Por esta razón, consideró que, pese a lo esgrimido por dirigentes políticos que criticaron la decisión, la partida no es ilegal, porque no supone un salario, sino "una compensación" por lo que se deja de percibir en la actividad privada.
Contextualizó la votación de esta partida en la "enorme crisis institucional" que atraviesa la Caja de Profesionales, debido a "malas administraciones anteriores" y la "enorme responsabilidad del Estado".
Las tareas, entonces, requieren de los directores una "gestión de tiempo completo" con "dedicación exclusiva e intensiva".
Por esta razón, Rodríguez Sanguinetti se manifestó en contra a los cargos honorarios en estos casos.
"Estamos en total desacuerdo con los cargos honorarios en cualquier institución estatal o para estatal, el trabajo -profesional- debe tener una justa remuneración", escribió.
La posición de Jurídica sobre la partida de $ 131 mil para directores
Según lo reportado por El Observador en la siguiente nota, previo a la votación de la partida se había efectuado una consulta a la Asesoría Jurídica de la institución para determinar la legalidad de la decisión.
El 12 de enero, la gerente de la Asesoría Jurídica, Natalia Gomensoro, remitió el informe solicitado sobre la legalidad de fijar algún tipo de dieta al directorio entrante a la Gerencia General.
El documento, al que accedió El Observador, señala que el concepto de dieta implica una compensación económica abonada por la asistencia, participación o desempeño ocasional en determinada función, no vinculada a una relación laboral y cuya finalidad puede entenderse como para resarcir gastos y tiempo derivados de la actividad cumplida.
"No constituye salario en sentido estricto, y por ende no tributa como tal, y usualmente se paga por acto o sesión, asociada al desempeño de un cargo honorario", añade.
Sin embargo explica que como el carácter honorario del desempeño del cargo de director de la Caja de Profesionales fue dispuesto por ley, cualquier retribución que se apruebe -sin importar la denominación de la partida- no puede significar en modo alguno un "salario encubierto".
El informe toma como ejemplo la Agesic, donde los cargos del consejo directivo son honorarios, pero por otras disposiciones fijó un régimen de dieta y paga $ 3 mil por sesión asistida, con un máximo de seis sesiones.
El documento expresa que no se ajustaría a derecho fijar remuneración que contravenga a la ley 20.130 sobre el carácter honorario que deben tener los directores de la Caja de Profesionales.
"Sólo sería admisible resarcir gastos justificados, previa rendición de cuentas y aún así podría recibirse alguna objeción en cuanto a la legalidad del pago por parte del Tribunal de Cuentas u otro actor interesado", menciona.
Por último, concluye: "La regularidad en el monto abonado, el importe en sí, y la falta de rendición de cuentas en una hipótesis de asignación de fondos, son indicios claros de ilegalidad en el escenario planteado. Y a ello se le suma el hecho de que esos pagos no tendrían los descuentos legales de otras retribuciones".
