El año comenzó convulsionado en la Caja de Profesionales. El directorio aprobó, con votación dividida, otorgar partidas de $ 131 mil a los nuevos directores y eso provocó el primer cortocircuito. Pero de manera previa se había efectuado una consulta a la Asesoría Jurídica de la institución para determinar la legalidad de la decisión y la respuesta fue clara.
El revuelo empezó en una reunión del directorio que se realizó el jueves 8 de enero. Allí, el director en representación de los jubilados, Robert Long (en reemplazo de Odel Obisab que se encontraba de licencia) promovió una discusión sobre el carácter honorario de los directores de la Caja de Profesionales. Planteó que la institución se encontraba en una situación crítica, que generaba estrés e incertidumbre y, por tanto, necesitaba una respuesta urgente que requería una dedicación prácticamente “full time” para abordar esos desafíos. Añadió que un cargo honorario podría dificultar la captación de profesionales de alto nivel y con la experiencia para llevar adelante las reformas que requiere el organismo.
La propuesta contó con el aval del director Fernando Rodríguez Sanguinetti, que marcó la necesidad de fijar una dieta o viático para los representantes de activos y pasivos. Luego de varios intercambios se decidió trasladar el tema a la gerencia de Asesoría Jurídica para que redactara un informe sobre el carácter honorario del directorio entrante. Los nuevos directores todavía no tomaron sus cargos, ya que las elecciones se realizaron en diciembre pasado, pero falta el recuento final de la Corte Electoral y se espera que asuman en febrero.
El 12 de enero, la gerente de la Asesoría Jurídica, Natalia Gomensoro, remitió el informe solicitado sobre la legalidad de fijar algún tipo de dieta al directorio entrante a la Gerencia General.
El documento, al que accedió El Observador, señala que el concepto de dieta implica una compensación económica abonada por la asistencia, participación o desempeño ocasional en determinada función, no vinculada a una relación laboral y cuya finalidad puede entenderse como para resarcir gastos y tiempo derivados de la actividad cumplida. “No constituye salario en sentido estricto, y por ende no tributa como tal, y usualmente se paga por acto o sesión, asociada al desempeño de un cargo honorario”, añade.
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Caja de Profesionales
Inés Guimaraens
Sin embargo explica que como el carácter honorario del desempeño del cargo de director de la Caja de Profesionales fue dispuesto por ley, cualquier retribución que se apruebe -sin importar la denominación de la partida- no puede significar en modo alguno un “salario encubierto”.
“Incluso hay antecedentes de cargos que siendo honorarios tienen previstos determinado resarcimiento de gastos -sin rendición de cuentas- que luego son cuestionados por el Tribunal de Cuentas, órgano que también controla a la Caja”.
Luego el informe toma como ejemplo la Agesic, donde los cargos del consejo directivo son honorarios, pero por otras disposiciones fijó un régimen de dieta y paga $ 3 mil por sesión asistida, con un máximo de seis sesiones.
El documento expresa que no se ajustaría a derecho fijar remuneración que contravenga a la ley 20.130 sobre el carácter honorario que deben tener los directores de la Caja de Profesionales. “Sólo sería admisible resarcir gastos justificados, previa rendición de cuentas y aún así podría recibirse alguna objeción en cuanto a la legalidad del pago por parte del Tribunal de Cuentas u otro actor interesado”, menciona.
Por último concluye: ”la regularidad en el monto abonado, el importe en sí, y la falta de rendición de cuentas en una hipótesis de asignación de fondos, son indicios claros de ilegalidad en el escenario planteado. Y a ello se le suma el hecho de que esos pagos no tendrían los descuentos legales de otras retribuciones”.
Lo que pasó después
Pese a la recomendación jurídica, en la siguiente reunión de directorio se votó -con la negativa del actual presidente, Daniel Alza, y la vicepresidenta, Virgina Romero- otorgar una partida mensual de $ 131 mil para los directores. Los votos a favor fueron de Rodríguez Sanguinetti, el director por los jubilados y los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la institución, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcúe.
Y ahí comenzó la primera polémica del año en la Caja de Profesionales. A las pocas horas de conocerse la noticia, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo a El Observador que no estaba al tanto de la decisión del directorio. “Estamos sorprendidos, no estamos de acuerdo y trabajamos en el tema”, señaló. Por lo tanto, se estaban analizando cuáles serían los mecanismos de revisión para dejar sin efecto la medida.
Gabriel Oddone
Foto. Dante Fernandez / FocoUy
Con ese escenario, el 17 de enero, Rodríguez Sanguinetti -que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de diciembre para las nuevas autoridades- difundió una carta dirigida a los profesionales para explicar su postura sobre la partida de $ 131 mil.
En la carta aclaró que él no propuso el pago de la partida, pero agregó que está en “total desacuerdo con los cargos honorarios en cualquier institución estatal o paraestatal, ya que el trabajo -profesional- debe tener una justa remuneración”.
Afirmó que votó el pago para los integrantes del próximo directorio con el convencimiento de que es absolutamente legal y no viola la ley. “Es además optativa, de percepción voluntaria. los cargos siguen siendo honorarios, por lo tanto no hay ninguna ilegalidad”, escribió.
“Esta partida compensatoria estuvo planteada en función de los ahorros que se realizarán con una reorganización y rediseño institucional imperioso de la Caja y no aumenta ni un solo peso el presupuesto”, dijo.
Rodríguez Sanguinetti aprovechó para “rechazar la campaña negativa y acusatoria de prensa orquestada desde quienes estuvieron en contra de la propuesta, tergiversando la realidad en función de declararse ellos como salvadores cuando han sido históricamente los que fundieron la Caja”.
Por último expuso que propondrá auditar la gestión de los directores salientes, los que “manejaron la Caja a su antojo, con muy poca transparencia y que no defendieron el patrimonio” de la institución.
