El sindicato elaboró un proyecto y tiene la intención que sea analizado en el Parlamento
Empleadas domésticas piden rebaja de edad jubilatoria
Las empleadas domésticas quieren reducir la edad requerida para jubilarse y lo sustentan en que se realiza trabajo penoso en el sector. Para eso, el sindicato elaboró un proyecto con el objetivo que sea tratado en el Parlamento. El documento también plantea la necesidad de mejorar el acceso a la vivienda.
Las trabajadoras lograron sobre fines del año pasado que se establecieran categorías laborales -una vieja reivindicación del sindicato- y ahora proponen que el Parlamento otorgue tratamiento a un proyecto integral para el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.
El texto -que ya fue entregado por el sindicato a legisladores de distintas fuerzas políticas- expone que históricamente las empleadas han trabajado en condiciones de informalidad, múltiples tareas, extensas jornadas y alto desgaste físico y emocional y agrega que a pesar de algunos logros, como la incorporación de categorías, persisten las desigualdades estructurales.
En otro pasaje, el sindicato enumera características del empleo doméstico, como la multitarea simultánea (limpieza, cocina, lavado y cuidado de menores, mayores y personas con discapacidad) y el esfuerzo físico constante. También menciona la exposición a riesgos por el contacto con productos químicos (hipoclorito de sodio, amoníaco o desinfectantes), humo de tabaco en la vivienda y escasa o nula protección.
“Estas condiciones producen un envejecimiento laboral o prematuro del cuerpo de las trabajadoras”, indica el documento. Con esos elementos, el SUTD propone el “reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como trabajo penoso e insalubre”.
Otro aspecto que resalta es que en la práctica las trabajadoras ingresan a los hogares sin recibir, en la mayoría de los casos, ropa adecuada o elementos de protección, pese a estar establecido en la normativa vigente. Agrega que el trabajo implica exposición directa y contacto con materia fecal y orina (especialmente en el cuidado de personas mayores postradas), limpieza y manejo de de heridas abiertas (escaras o lesiones con riesgo cierto de contagios o infecciones) y permanencia prolongada en ambientes cerrados respirando aire contaminado por olores intensos derivados de la morbilidad y la falta de ventilación adecuada.
El sindicato sostiene que esas condiciones de trabajo provocan enfermedades respiratorias crónicas y afectaciones psicosociales derivadas del estrés, la sobrecarga emocional, el trabajo de cuidados intensivos y el multiempleo. También menciona otras enfermedades como artrosis, artritis y trastornos musculoesqueléticos en la columna cervical, manos y pies.
La redacción plantea que esas patologías “sean reconocidas como enfermedades profesionales del sector y que consten expresamente en la historia laboral de las trabajadoras domésticas a efectos previsionales, jubilatorios y de protección de la salud”.
Añaque que “el reconocimiento de la insalubridad en el trabajo doméstico no busca estigmatizar, sino visibilizar, proteger y reparar una realidad históricamente negada”.
El actual sistema previsional prevé el aumento de la edad jubilatoria de las trabajadoras domésticas de 60 a 65 años de manera escalonada, aspecto que para el sindicato es incompatible con la realidad laboral del sector.
Por eso solicita la reducción de la edad exigida “considerando el carácter penoso del trabajo” y el cómputo especial de años por tareas de cuidados intensivos. El texto afirma que muchas trabajadoras no llegan a la edad prevista en buenas condiciones de salud y a eso se suma que las jubilaciones que reciben “no alcanzan para una vida digna”.
También sugiere cambios para el reconocimiento de los años trabajados. Señala que actualmente el Banco de Previsión Social (BPS) exige requisitos probatorios -como la exigencia de presentar cuatro testigos- que resultan desproporcionados e injustos para un sector con alta informalidad histórica. Una de las propuestas apunta a reconocer las pruebas que presente la trabajadora ante el organismo. “Acreditados indicios razonables de la relación laboral deberá ser el BPS o el empleador quien pruebe que (el vínculo) no existió”, dice.
“Esta medida no implica presunción automática, sino la aplicación del principio protector del derecho del trabajador en un sector históricamente informalizado”, agrega.
Un último capítulo está dedicado a la mejora del acceso a la vivienda. Allí marca las limitaciones que tienen las empleadas para hacerlo, como los salarios sumergidos, la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios, préstamos bancarios o planes de ahorro y la ausencia de planes habitacionales específicos para las trabajadoras domésticas.
En ese contexto propone la inclusión del sector en políticas públicas de vivienda, el apoyo activo de las intendencias mediante la cesión o subsidio de terrenos disponibles y una articulación con el Estado para facilitar materiales de construcción, asistencia técnica y financiamiento.
El proyecto concluye que garantizar jubilaciones dignas para el empleo doméstico, facilitar el reconocimiento de años de trabajo y asegurar el derecho a la vivienda “no es un privilegio; es justicia social”.