En un ejercicio de complejo equilibrio, el gobierno modificó su política salarial para el sector privado con el objetivo de combatir la creciente inflación y mitigar los nubarrones que rondan a la economía. El ajuste, acordado por el presidente Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros y anunciado por los titulares de Economía y de Trabajo, se basa en varios pilares. Uno es premiar la productividad, asignando mayores aumentos salariales en las empresas y sectores que crezcan más del 4%, por encima del 2,7% previsto para el Producto Interno Bruto (PIB) en el quinquenio. La incorporación de una cláusula gatillo introduce una forma de indexación, aunque de manera oblicua y en términos más realistas que la observada en los últimos años, de inflación pasada más un porcentaje de recuperación. Se limitan también negociaciones en los Consejos de Salarios para evitar los largos debates que suelen ocurrir. Si las empresas y los sindicatos no alcanzan un acuerdo en un plazo máximo de 90 días, el gobierno intervendrá para definirlo. Y se promete una modesta atención diferenciada a los salarios más sumergidos.

Aunque los principios conceptuales del nuevo sistema son razonables, el PIT-CNT denunció congelamiento salarial en los próximos años y auguró más conflictividad si no se lo modifica. Es necesario que el gobierno enfrente esta posición sindical, aplicando sin desvíos un programa dirigido a evitar que las actuales dificultades agrieten la estabilidad. El pronosticado crecimiento más lento del PIB es consecuencia de varios factores que no pueden ser ignorados por nadie. El consumo interno se ha enlentecido y las exportaciones han caído considerablemente por baja de precios de commodities y una dificultosa competitividad, con cierre de empresas y, en todos los casos, con un incipiente aumento del desempleo. El resultado ya se advierte en reducción de la recaudación fiscal. Se agregan los altos costos internos y la incertidumbre sobre mayor inversión privada en asociación con el Estado.

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Es una presunción lógica que el gobierno mostrará igual parsimonia cautelosa en los aumentos al sector público, que estarán contenidos en el presupuesto quinquenal, actualmente en proceso de confección. Permite anticiparlo el hecho de que Vázquez respaldó el criterio del ministro Danilo Astori al fijar las pautas para el sector privado y que el de Trabajo, Ernesto Murro, expresó su acuerdo en la conferencia conjunta de prensa en que hicieron los anuncios. Para despejar cualquier duda sobre la aplicación del programa, Astori enfatizó que “esta es la propuesta del Poder Ejecutivo en su conjunto”, aprobada “sin fisuras y por unanimidad”.

La actuación oficial en bloque facilitará hacer frente al descontento sindical. El sector empresarial, por su parte, elogió en general la nueva política, aunque existen dudas por el impacto que una baja de la inflación tenga en el salario real. Aunque sean comprensibles las demandas por condiciones más favorables, es inocultable que han enflaquecido las vacas de la pasada década de bonanza. Durante esos años los dos gobiernos previos del Frente Amplio desaprovecharon la abundancia de ingresos para blindar mejor la economía, lo que obliga al actual ajuste de cinturón en todas las áreas, tanto en el sector privado como el público. Si el gobierno se mantiene firme mejorarán las perspectivas de conservar una economía saludable en una región signada por la inestabilidad.

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