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El Estado ofrece inamovilidad y eso es un valor importante hasta cierto punto, más en mercados donde hay escasez de empleo”, explicó Federico Muttoni, gerente de la consultora Advice. Pero con una tasa de desempleo del 6,7% −dato del primer trimestre de 2014−, ciertos profesionales, sobre todo los pertenecientes a sectores pujantes como tecnología de la información, industrial y agroforestal, y que han tenido un incremento salarial importante en los últimos años, no sienten el mismo miedo que antes de quedarse sin trabajo. Y el Estado ya no es tan atractivo. “Hay unos cuantos profesionales que se están replanteando, en definitiva, si vale la pena quedarse en el sector público”, dijo a El Observador.

Neker de la Llana, gerente de servicios profesionales de Manpower Professional, definió el nuevo escenario como de “estabilidad asociada a la empleabilidad” del individuo que cuenta con las capacidades requeridas por el mercado, ya no a la “permanencia de un determinado empleo”. Eso queda como un seguro para el personal menos calificado.

Es por eso que el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, empeñó su palabra: $ 10.000 de aumento para los sectores profesionales y compensaciones mensuales de entre $ 1.000 y $ 5.000 según la antigüedad del funcionario para detener la fuga de personal técnico que atraviesa a todo el Estado.

Las remuneraciones, en general, son más atractivas en el sector privado. “El Estado, en niveles de ingreso, en algunas categorías laborales paga un poco mejor que lo privado, pero en los niveles altos el Estado paga muchísimo menos, sobre todo a nivel profesional”, había dicho a El Observador la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Elena Tejera en julio de 2012, luego de que se tuvieran que declarar desiertos varios llamados oficiales en busca de especialistas en administración de software, economistas, agrimensores, ingenieros químicos, ingenieros hidráulicos y auxiliares informáticos, entre otros.

Un gerente general de una empresa privada (cargo ocupado por profesionales) “gana sensiblemente más” que un gerente de una empresa pública. El ministro de Industria, por ejemplo, percibe $ 159.138, según la información disponible en la página web de su cartera, mientras que un cargo más gerencial como el de director general de Secretaría, gana $ 111.396. La mediana del salario nominal del sector privado para un gerente general es de $ 296.270, es decir, 86% más que el de un ministro (ver infografía). Hay que considerar que existen topes salariales en el ámbito público. “En términos generales, para empresas del mismo tamaño, pagan mejor las empresas privadas en cargos de responsabilidad”, analizó Muttoni.

Según un estudio de esa consultora que tomó datos del Ministerio de Industria, la diferencia es notoria para profesiones como la de contador o administrador de empresas. El gerente de contaduría de una empresa puede percibir el doble que en el Estado ($ 164.516 frente a $ 84.978), y la misma diferencia salarial ocurre en el caso del administrador de empresa.

Sin embargo, en otras profesiones como la abogacía la diferencia se achica. “Ahí están más cerca los niveles de remuneración, con la diferencia que uno ‘compra’ la seguridad del empleo público”, añadió. Por ejemplo, un abogado asesor del MIEM cobra $ 81.510; solo $ 1.835 menos que su equivalente en el mercado (sin analizar la descripción del cargo).

Otra es la situación de los cargos administrativos. “Los funcionarios del MIEM en los escalafones de auxiliares, oficiales, administrativos y varios cargos técnicos tienen remuneraciones de mercado o superiores”, dijo Muttoni.

En febrero, ministro y gremio habían firmado un convenio para otorgar a los trabajadores compensaciones mensuales de entre $ 1.000 y $ 5.000, según la antigüedad del funcionario. El mayor monto estaba destinado a quienes tienen 20 años o más de trabajo. Pero también se acordó una entrega de $ 10.000 para retener a los sectores profesionales.

El secretario general de COFE, Joselo López, dijo a El Observador que no aceptarán menos del 100% de lo ya acordado, pero que no se impulsará una “estampida” de pedidos de aumento en el resto de los ministerios, que era uno de los temores del gobierno.

Neker de la Llana exhortó a establecer estructuras salariales “más racionales” y más adecuadas a la realidad del mercado, sumadas a mejores condiciones de trabajo. “Ya no es solo el dinero lo que mueve” al profesional, señaló.

Compensaciones
Otra ventaja del sector privado por sobre el público es que algunas empresas internacionales ofrecen otras compensaciones a sus empleados (por ejemplo, bonos o premios por desempeño) que engrosan el salario más allá de lo que figura en el nominal; aunque no hay olvidar que el sector público también ofrece sus beneficios (por ejemplo, distintos regímenes de licencias e, inclusive, “una dinámica menos intensa”).

“A los ministerios y empresas públicas les falta una remuneración variable por resultados, pero pareciera que cuesta mucho ponerle objetivos al empleado público, o debe costar mucho negociarlo”, expresó Muttoni.

Sobrecalificados
Con todo, las ocupaciones con mayor nivel de sobrecalificación se encuentran en las oficinas administrativas, incluidas las públicas (85,4%), y los servicios financieros (72,7%), de acuerdo al estudio Evaluación de los desajustes entre oferta y demanda laboral por calificaciones en el mercado laboral de Uruguay. Las raíces de la sobrecalificación en las primeras se corresponden a la alta concentración de mujeres en el sector que, en promedio, tienen mejores niveles de escolaridad que los hombres. En el caso de los servicios financieros obedece al ingreso de profesionales como auxiliares de servicio con la expectativa de pasar al escalafón técnico.
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