CPP en doble camino de degradación
El gobierno está debilitando al nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en vez de fortalecerlo, con el resultado de agravar la inseguridad pública
Nota editorial: Una versión anterior de esta editorial omitió especificar los cambios que el Senado le hizo al proyecto del Ejecutivo sobre el CPP, específicamente en referencia a la ampliación de la prisión preventiva. Las disculpas del caso.
Las reformas al CPP enviadas por el gobierno degradarían este valioso instrumento jurídico a no ser por algunos de los cambios que introdujo el Senado. Y mientras se vuelcan partidas en áreas improductivas, como la educación pública, asignarle a la Fiscalía en la Rendición de Cuentas el 10% de los recursos que necesita impide su funcionamiento eficaz. En el caso del CPP, tornar obligatoria la prisión preventiva con alcance ampliado según la gravedad de los delitos, como planeaba el Ejecutivo, retrotrae parcialmente al país a uno de los peores aspectos del sistema anterior. Bajo ese sistema hasta 60% de los presos pasaban años encarcelados sin sentencia, cumpliendo prisión preventiva mientras se arrastraba su lento procesamiento. Sin embargo, el Senado actuó sobre el tema y redujo los alcances de la prisión sus alcances: resolvió hacer obligatorio que el fiscal solicite esa medida en determinados casos pero dejando a criterio del juez la decisión final de aplicar o no la prisión preventiva.
Otra necesidad urgente es proveer los recursos cuya carencia afecta el funcionamiento de fiscales sobrepasadas por recargo de trabajo. Se requiere también que algunos jueces que tienden a la benevolencia reconozcan el justificado clamor ciudadano y apliquen con más severidad las facultades punitivas que les permite el CPP. Díaz señaló que de los $ 600 millones solicitados –$ 300 millones para reforzar la actual estructura de los fiscales e igual suma para las decenas de nuevos jueces, fiscales y otros funcionarios necesarios para implementar la ley de violencia de género–, el Poder Ejecutivo asignó $ 65 millones. Esta suma no solo impide que la Fiscalía cumpla más eficazmente su nueva tarea exclusiva de investigación. De hecho entierra además que la ley de protección a las mujeres pueda ser puesta en vigencia.
La solución de este error y del de atar de manos a la Fiscalía depende ahora del Parlamento, que tiene dos vías lógicas por recorrer. Una es que Diputados no apruebe las reformas al CPP votadas por el Senado. La otra es que, como los legisladores no pueden votar fondos adicionales, que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, reduzcan partidas en áreas en las que se justifican menos y las transfieran, aunque sea en parte, a arbitrar recursos que necesita la Fiscalía para apuntalar su actual estructura y para poder poner en marcha la ley de violencia de género. Si no se toman estos caminos, la seguridad de los uruguayos seguirá a los tumbos.
