Los interrogantes que más se escuchan en el ámbito político a la hora de hablar del caso Boudou no tienen que ver con los próximos pasos del proceso ni con la sentencia final que tendrá el vicepresidente.
Más bien, el tema que más ha concitado la expectativa es la actitud de Cristina Fernández de Kirchner.
¿Por qué lo sostiene? ¿Por qué no habla del tema, dando así lugar a que su silencio sea interpretado como un tácito apoyo a un político abrumado por las acusaciones de corrupción?
Esas son las preguntas de estas horas. Y, como en otras situaciones que le ha tocado vivir al kirchnerismo, el affaire Boudou aparece como un caso de estudio para las ciencias políticas.
Plantea la cuestión de qué corresponde hacer, tanto a nivel político como comunicacional. ¿En qué situación se paga menos costo político: sosteniendo al funcionario acusado e insinuando que la justicia es parcial, o apartándolo del cargo para dar muestras de apego republicano?
“La presidenta considera que el costo de mantener a Boudou es menor que el de entregarlo. Hace un cálculo político y su visión es que soltarle la mano equivale a una derrota, una pérdida de poder”, argumenta el politólogo Roberto Starke.
En la misma línea, Rosendo Fraga observa: “Lo que hizo la presidenta en esta ocasión no es sorpresivo: ella percibe la situación de Boudou como una amenaza hacia su propia persona”.
El intento de desacreditar las críticas a Boudou por la vía de señalar que también han sido procesados políticos opositores como Mauricio Macri, parece confirmar que se está siguiendo al pie de la letra el “manual kirchnerista” para casos de crisis.
La teoría conspirativa ha sido un arma preferida del kirchnerismo para los problemas vinculados con la economía: tanto la inflación como la devaluación o la fuga de capitales son presentados como el resultado de un intento desestabilizador por parte de banqueros y “grupos concentrados”.
Pero cuando los problemas han tenido que ver con acusaciones de corrupción, la reacción más común ha sido no responder a las acusaciones. Y, en el fondo, se dejaba entrever cierta tranquilidad en el sentido de que el impacto de esos temas sobre la opinión pública quedaría limitado a un grupo de la clase media politizada.
Los hechos le daban la razón a esa teoría. A fin de cuentas, el “escándalo Shocklender-Madres de Plaza de Mayo” –en el cual se reveló el desvío de fondos públicos que debían ser utilizados en un plan de viviendas– ocurrió en plena campaña electoral de 2011. Y Cristina ganó con 54%, a pesar de que los medios de comunicación usaron este tema con intensidad.
De la misma manera, la estrategia elegida cuando surgieron las denuncias contra Lázaro Báez –por presuntas maniobras en la adjudicación de obras públicas y desvío de dinero al exterior– fue no responder sobre la materia, sino desacreditar a los denunciantes.
Esa táctica de “defenderse atacando” era algo esperado por muchos analistas, que creen que el oficialismo querrá hacer un paralelismo entre las acusaciones a Boudou y los juicios contra el país por parte de los fondos buitres.
“El gobierno aprovecha el marco político creado con los fondos buitres para aumentar el volumen del conflicto y la retórica nacionalista populista”, afirma el politólogo Sergio Berensztein.
Esto ha resultado claro en la única ocasión en que la presidenta, indirectamente, aludió al tema Boudou. Al anunciar nuevos monumentos a los expresidentes Perón e Yrigoyen se valió de la comparación histórica para insinuar que la Justicia sigue siendo imparcial, que está motivada por intereses reñidos con las causas populares y que tiene una profunda reforma como asignatura pendiente.
Lo curioso del caso es que, cuando se produjo en el Parlamento el debate sobre si correspondía o no promover un juicio político a Boudou, el argumento kirchnerista para rechazar la iniciativa fue, precisamente, que no se quería interferir con esa misma Justicia a la que se criticaba.
Como afirma Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas, la estrategia oficial da la sensación de “tomarse el tiempo suficiente para amortiguar los costos políticos” y dejar que la causa siga su lento ritmo procesal para que Boudou vaya desapareciendo del centro del debate.
Y, al mismo tiempo, “rezar para que la gente se olvide del papelón de haber corrido jueces, fiscales y hasta un procurador solo para intentar salvarlo”.
Aquí es cuando aparece la mayor de las dudas. ¿Realmente ya está hecho todo el daño? ¿O el desprestigio derivado de Boudou aun puede ser peor?
“La línea general es que, cuando hay una situación de un funcionario acusado de corrupción y la presidenta no hace nada, paga un costo en imagen, las encuestas muestran que la apreciación negativa da un salto”, observa Diego Dillenberger, experto en comunicación política.
Pero parece claro que Fernández ya decidió que prefiere perder imagen en el corto plazo antes que dar una señal de debilidad política. Y acaso esté pensando en algo más.
Porque la sospecha que desde el primer minuto ha estado sobrevolando es que, más que las encuestas y la imagen, más que evitarle una alegría a la oposición y los medios, lo que realmente preocupa a la presidenta es… el propio Boudou.
“Quién sabe lo que puede decir este muchacho si se pone a hablar”, dijo Jorge Asís, resumiendo la generalizada sensación de que el caso Boudou podría salpicar a más gente dentro del oficialismo.
El empecinamiento en sostener a Boudou en el cargo responde, según Asís, a que al vicepresidente “es de los que no les gusta irse solo, quiere estar acompañado”.
