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En plena campaña para las elecciones legislativas, el tema corrupción es uno de los que ocupan lugar destacado en el debate. Y lo curioso es que las denuncias no son unidireccionales sino que ambas partes son, a la vez, acusadoras y acusadas.

El kirchnerismo quiere identificar al macrismo con la clase empresarial ligada al esquema de obra pública siempre sospechado de corrupto. Mientras que el gobierno apunta contra los funcionarios que, durante la gestión K, manejaron discrecionalmente los grandes proyectos.

Hay denuncias en el sentido de que obras como el saneamiento del Paraná de las Palmas, en consorcio con la estatal Aysa, tuvo sobreprecios del 25%.

En tanto, el proyecto más ambicioso, el del tren Sarmiento, apenas está avanzado en un 3%. Es un proyecto que ambas partes de la "grieta" aspiran a enrostrar a su adversario.

El kirchnerismo siempre acusó al consorcio de no respetar las condiciones originales, que suponían no sólo la ejecución de la obra sino la obtención de financiamiento, en un momento en que el país estaba aislado de los mercados de crédito.

Con ese argumento, deriva las culpas sobre el estancamiento del proyecto. Y, además, se solaza con la situación de que Iecsa, la pata argentina del proyecto, esté sospechada por el pago de sobornos.

El kirchnerismo siempre alentó la sospecha de que el verdadero propietario del negocio era Franco Macri, el padre del presidente.

En otras palabras, la estrategia política del kirchnerismo implica equiparar al macrismo con Odebrecht. Del lado opuesto, la estrategia es señalar como corruptos a los funcionarios a cargo de la obra pública durante la gestión de Cristina.

Todas las miradas apuntan a Julio de Vido, que fue ministro del área durante 12 años y que acaba de ser procesado por el juez Claudio Bonadio por maniobras en el pago de subsidios para combustible a líneas del transporte público.

La misma ola que afectó, entre otros, al contratista Lázaro Báez y al jefe de obra pública, José López, que pasó a la fama por la valija llena de dólares en un convento.

Pero ahora un nuevo ingrediente condimentó el escándalo: un hotel de Buenos Aires, que era cliente asiduo de Odebrecht, pertenece a la familia Kirchner.
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