Cuadernos K: inesperada ayuda para el fisco argentino

La seguidilla de caídas bursátiles, la suba del índice de riesgo país otra vez bien por encima de los 600 puntos y las declaraciones de empresarios preocupados por un desplome de la inversión en infraestructura fueron la tónica que dominó los últimos días en el mercado.

De hecho, una de las tareas a la que se abocaron con más intensidad los funcionarios en los últimos días fue persuadir a los inversores de dentro y de fuera sobre que no habrá un freno brusco en la obra pública.

Sin embargo, hay un efecto colateral de la nueva ofensiva judicial contra la corrupción en la obra pública que podría traer una inesperada ayuda. Se trata del eventual ingreso fiscal por concepto de multas a los empresarios y firmas que admitieron haber realizado los pagos a los funcionarios kirchneristas.

La ley prevé, para estos casos, que los involucrados deban compensar al Estado por una suma hasta 10 veces mayor a la que admiten haber pagado.

En un escenario de máxima esto podría implicar que las arcas estatales podrían recibir hasta US$ 1.600 millones, dado que la estimación es que las entregas de dinero relatadas por los cuadernos de Centeno completan unos US$ 160 millones.

Al tipo de cambio actual -la paridad el viernes rozó los 30 pesos argentinos por dólar-, ese ingreso por multas significaría 47.000 millones de pesos argentinos, aproximadamente la mitad de todo lo que se recaudó por concepto de IVA el mes pasado.

Es decir, una cifra que sería más que bienvenida por los funcionarios del área económica en un momento en el que se hace un esfuerzo por mantener la austeridad y cumplir con un recorte del déficit fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

Para tener una dimensión de la importancia de ese eventual ingreso, equivaldría al 15% del recorte de 300.000 millones de pesos argentinos que el gobierno quiere hacer y que es materia de una dura negociación con las gobernaciones provinciales.

Lo más interesante para los funcionarios es que esos eventuales 46.000 millones de pesos argentinos pueden ser apenas la punta del ovillo, porque sólo refieren a los pagos ilegales descriptos en los cuadernos de Centeno, que a su vez pueden generar una reacción en cadena en la que se comprueben más casos de corrupción ligados a la obra pública.

Pero claro, no todo es tan fácil como para que los funcionarios del área fiscal empiecen a festejar ahora mismo. Es que todo dependerá del delito que se pruebe y termine en condena firme.

La estrategia defensiva que se ha repetido en los últimos días en el caso de los empresarios y ejecutivos implicados en los cuadernos es la de negar ser parte de un hecho de soborno, sino que fueron objeto de "aprietes" por parte del aparato político.

Desde el punto de vista legal, hay una gran diferencia entre la motivación de uno y otro pago. Quien paga una coima es autor de un delito (denominado cohecho activo). En cambio, quien sufre una extorsión puede plantear que fue una víctima.

La argumentación de la extorsión ha sido planteada por grandes empresarios contratistas de la obra pública, y ya salpica a pesos-pesados de las obras de infraestructura, como la consultora Iecsa –que pertenecía a Angelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri- y los grupos Techint, Pescarmona y Roggio.

Claro que todavía no se sabe si será una estrategia exitosa, porque -además- la extorsión debe ser demostrada con pruebas fehacientes, y a primera vista el relato no parece del todo convincente, dado que hubo pagos regulares, tanto en años electorales como en los "normales".

En caso de que se compruebe que se trató de casos de soborno, los empresarios pueden ser condenados con los delitos de prisión de uno a seis años más una multa.

Lo que se comenta en el ambiente judicial es que es muy difícil que el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio acepten que su causa pase a un expediente por aportes electorales ilegales (que además a los arrepentidos le permitiría obtener la libertad porque la condena sería menor a tres años) pero la jugada está planteada.

En todo caso, lo importante para los jueces es la confirmación de que los pagos existieron, y eso es lo que hace refregarse las manos a quienes están calculando cuánto podrá entrar al erario público.

El monto a determinar dependerá del tipo penal.

El Código establece que la multa correspondiente a los diversos hechos calificados como delitos no sea una cantidad fija sino que oscile entre un mínimo y un máximo, por lo general indicando esos topes en moneda de curso legal. Si se comprueba que hay lavado de dinero, la cifra del ilícito se multiplica por 10.