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Al procesar el lunes sin prisión a siete activistas radicales por un delito de “asonada” debido al atentado contra la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, la jueza del caso, Gabriela Merialdo, argumentó en un pasaje de su sentencia que alrededor de 150 personas ingresaron al edificio de la Suprema Corte de Justicia sobre las 11.30 horas con “cánticos ofensivos, aplausos, gritos e insultos hacia los integrantes de la SCJ y hacia el propio presidente de la República”.
Según la jueza, el “alboroto tumultuario” impidió comenzar el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota. El traslado generó malestar en los militantes porque la magistrada tenía a su cargo investigaciones por crímenes de militares ocurridos durante la dictadura.
Durante el último tiempo, los sindicatos uruguayos comenzaron a elevar el tono de sus cantos, incluso con alusiones provocativas hacia jerarcas (ver recuadros). Sin embargo, hasta el momento no habían sido objeto de denuncias.

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