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Defectos del sistema tributario

Sucesivos gobiernos de diferente color han incumplido todos los requisitos de una estructura tributaria justa

Por  El Observador
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Una estructura tributaria justa exige varios componentes. Uno es que los impuestos sean bajos. Otro es que lo que pagan los contribuyentes tenga una relación equilibrada con la calidad de los servicios del Estado que reciben a cambio. Y el sistema debe ser lo más simple posible. Sucesivos gobiernos de diferente color partidario han incumplido todos estos requisitos, como lo demuestra el último estudio Doing Business del Banco Mundial, que diseccionó los sistemas en 189 países. La carga tributaria uruguaya está entre las más altas cuando se la compara con países de niveles similares de ingresos y desarrollo.

Globalmente supera el 30% del Producto Interno Bruto, aunque trepa a más del 50% en el caso de las empresas, lo que ha forzado a exenciones a la inversión externa como única forma de atraerla. El estudio evalúa también las complejidades del sistema y las horas que se pierden en liquidar y pagar impuestos. Uruguay sale mal parado, en el puesto mundial 140, ya que a una empresa mediana le lleva 312 horas cumplir esos trámites, contra 12 horas en Emiratos Árabes Unidos, que está en el primer lugar. En años recientes, en más de una oportunidad se anunció la intención de simplificar el sistema, pero poco y nada se ha logrado en ese campo.

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Un bajo nivel de impuestos es necesario para que las empresas y las familias tengan margen financiero para optar entre proveedores privados o públicos, según su conveniencia. Pero tener tributos bajos exige un sector público más reducido para acotar su costo. Esta meta es un sueño lejano debido a la costosa estructura pública y a la persistencia de servicios estatales monopólicos. El resultado es el alto nivel tributario a que están sometidas las empresas y el costo desmesurado para todos en algunas áreas, como los automotores y los combustibles, con precios inflados por impuestos a los más altos de la región. Corregir estas anomalías solo sería posible reduciendo drásticamente el gasto público con una verdadera reforma del Estado, muchas veces anunciada y nunca concretada.

Y los servicios que provee el Estado siguen siendo desparejos pese a la alta carga impositiva. Han mejorado notoriamente en comunicaciones y energía, con la notoria excepción de los combustibles, caros y de baja calidad. La atención sanitaria gratuita por el Estado amplió sus alcances con el Sistema Nacional Integrado de Salud, al dar alguna cobertura a núcleos de escasos recursos que no la tenían. Pero muestra claudicaciones asistenciales por deficiencias de ASSE, luego de una equivocada reforma que priorizó la presencia estatal en vez de fortalecer el sistema mutual.

La educación pública es una burla constante a los contribuyentes, que ven esfumarse partidas presupuestales cada vez mayores pese a que el sistema se despeña año a año por incompetencia de sus autoridades y conflictividad sindical. Y en Montevideo, donde se concentra casi la mitad de la población del país, son penosas la organización municipal del tránsito y la calidad del transporte de pasajeros, actividad privada pero en la que incide el Estado en fijación de tarifas y otros rubros. El resultado de todos estos factores es una población doblemente castigada, por tributos altos y servicios pobres en muchas áreas esenciales, debilidades que nos seguirán manteniendo en una ubicación alicaída en la evaluación internacional del Banco Mundial.

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