Opinión > EDITORIAL

Defensa del sistema nacional de salud

A pesar de que se afirma que se apoya a este servicio, la realidad demuestra que el organismo requiere más ajustes

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07 de agosto de 2018 a las 05:00

Hace ya un año que el oficialismo asegura haberse embarcado en una campaña de apoyo al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), y lo hace en el sobrentendido de que un organismo que requiere de apoyos es un organismo que se tambalea.

"Existe una preocupación sobre el sistema público de salud", aseguraba el año pasado el presidente del gobernante Frente Amplio. Un análisis recién publicado por parte de la consultora CPA Ferrere nos revela ahora algunos de los motivos de tal preocupación. El primero es obvio: la extensión de la cobertura sanitaria al 82% de la población y, en particular, el ingreso de una población adulta más demandante representa un "crecimiento del riesgo cubierto por el SNIS", según la presentación del socio de Ferrere.

Menos aparente, sin embargo, es el hecho de que esa extensión, asociada a la doble cobertura que imponen los hechos frente a la explicable desconfianza de algunos sectores en los servicios públicos, lleva a una extensa e ineficiente doble cobertura.

Lo segundo es también conocido: el sistema es insustentable. El oficialismo descree de esta afirmación, y la atribuye a la acción inescrupulosa de abogados que fuerzan a los pacientes a reclamar medicinas de alto costo. Pero los números son elocuentes: en 2017, el 76,8% de los ingresos operativos del SNIS correspondieron a aportes del sector público y ya representan el 1,22% del PIB. Lo tercero es lamentablemente familiar: no hay correspondencia entre el aumento del gasto en el sistema y el nivel de prestaciones que recibe cada afiliado. "El gran debe es la calidad en la salud", aseguró con candidez el presidente del SMU al momento de hacer públicas las cifras que exponen esta situación.

La gravedad de lo que hemos venido a saber, sin embargo, se enfatiza en un dato subalterno: la consultora nos confirma que no existen indicadores confiables a fin de evaluar el grado de calidad de los servicios que presta el sistema público de salud. Los analistas quieren creer que el Ministerio de Salud Pública o las instituciones prestadoras cuentan con ellos, pero lo cierto es que el estudio que hemos conocido se basa en los únicos datos confiables que esos analistas lograran obtener: tasas de reconsultas y porcentaje de pacientes embarazadas tratadas. "Tenemos pocos indicadores, incluso menos de los que había cuando estaba el corralito mutual. De hecho, solo tenemos dos", aseguran. Así llegamos al talón de Aquiles del sistema socializado. Tal como ocurre a lo largo y a lo ancho de las soluciones a los problemas públicos que han diseñado las tres últimas administraciones, ellas se basan en intuiciones mal fundadas antes que en sólidas informaciones.

El asesor del MEF Martín Vallcorba ha sido, en este sentido, transparente: se han hecho "avances importantes" en materia de sistemas informativos, en tanto aún resta mucho "para seguir adelante". Como ocurre en todas las soluciones socializadas, los logros solo están en el mundo futuro. La dura realidad, sin embargo, es que el sistema público diseñado es financieramente insustentable, no presta los servicios que promete, y no cuenta con indicadores que permitan su evaluación. Y, quienes lo han puesto en esta situación hoy piden más recursos de la sociedad para llevarlo a lo que llaman una "segunda generación" de reformas. No es un cuadro auspicioso.
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