El Ministerio de Defensa Nacional rechazó un recurso de apelación promovido por el excomandante en jefe de la Armada, Carlos Abilleira, contra el arresto a rigor de 15 días dispuesto en octubre del año pasado por Javier García.
El arresto se produjo luego que una investigación administrativa concluyera que hubo un mal manejo de fondos en las inspecciones de barcos dentro de la Comisión Técnica (Cotec).
La investigación también detectó que realizaron pagos en negro, aportes irregulares y declararon inspecciones que nunca hicieron y abarcó a otros siete oficiales (2 retirados y 5 en actividad).
Tras cumplir el arresto, Abilleira presentó un recurso de revocación –que fue rechazado en febrero– y apeló la sanción.
En su escrito, el almirante retirado señaló que la administración incurrió en un error al aplicarle una sanción de 15 días de arresto a rigor, debido a que “no se violentó ninguna disposición o prescripción en las normas jurídicas que regulaban su actuación en los procesos de inspecciones de la Cotec”.
A su vez, respecto al sistema de recaudación, manifestó que siempre existió un sistema de control descentralizado basado en tres niveles de responsabilidad jerárquica con diferentes jefes de unidades, por lo que –a su criterio– había un adecuado control y no puede presumirse que hubo “algún cobro por una inspección no realizada”.
En este sentido, reconoció que si bien los diferentes inspectores “no participaban en el acto mismo de inspección, los mismos sí contribuían a completar el proceso” por lo que se sentía agraviado de que se tipifiquen como faltas hechos que "no violentaron ninguna norma vigente".
Abilleira también dijo que la sanción estaba fuera de plazo y que al estar retirado no podía ser arrestado a rigor, lo que fue rechazado por el gobierno.
En la resolución en que rechaza la apelación, Defensa dijo que los argumentos no eran de recibo y que la prueba recabada permitía concluir que existe una “clara desvirtualización de la naturaleza jurídica de los viáticos” debido a que las tarifas abonadas por los particulares eran asignadas y percibidas por los funcionarios como una “partida salarial” y a su vez distribuidas equitativamente adoptando la forma de una “compensación” por acto inspectivo, existiendo así un flagrante incumplimiento del “principio de legalidad objetiva”.
El ministerio señaló que los inspectores no rendían cuentas a la administración de los gastos efectuados ni presentaban documentación que avalara lo gastado.
Por último, expresó que también que se comprobó que los funcionarios no manejaron los fondos con adecuados controles y de modo transparente.
Defensa envió toda la información a Fiscalía, que ya está investigando el caso por una denuncia del ministro de octubre del 2021, cuando recibió la información primaria de la investigación.
La situación de la Comisión Técnica (Cotec) que se encarga de inspeccionar embarcaciones viene intentando ser corregida por el gobierno en diversas instancias en la ley de Presupuesto y rendiciones de cuentas. Lo que se busca es que deje de haber vacíos legales que terminan provocando las irregularidades, de acuerdo con fuentes militares.
