El Ministerio del Interior cambió el criterio para expedir certificados de antecedentes judiciales tras la polémica por un documento emitido a nombre del narcotraficante Sebastián Marset que indicaba que no registraba antecedentes penales. La medida fue informada por Eduardo Preve y confirmada por fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.
En una circular enviada a Policía Científica y las jefaturas de todo el país, la cartera señaló que los certificados deben incluir los antecedentes cuando se trate de excepciones por razones de seguridad pública, cooperación judicial internacional, lucha contra el crimen organizado, tráfico internacional de armas o trata de personas. En esos casos, se deberá informar la totalidad de las causas judiciales.
El certificado de Marset que motivó el cambio
El cambio se concretó después de que el gobierno anunciara una revisión de los procedimientos a raíz del certificado expedido a nombre de Marset.
Según había informado inicialmente El País, la Dirección Nacional de Policía Científica emitió el documento de acuerdo con la normativa uruguaya, que establece que determinados antecedentes dejan de computarse una vez transcurridos cinco años desde el último registro. El Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a apostillarlo.
Detención de Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra
Foto: Policía de Bolivia
Marset fue procesado con prisión por narcotráfico en Uruguay en 2013 y es señalado por investigaciones como uno de los principales responsables de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, con conexiones en Paraguay, Bolivia y Brasil.
La “corrección inmediata” que había anunciado el gobierno
El viernes, el canciller Mario Lubetkin sostuvo que el episodio había dejado en evidencia una “ambigüedad” en la regulación. También informó que el ministro del Interior, Carlos Negro, le había anunciado un mecanismo de “corrección inmediata”.
Lubetkin planteó que la revisión debía contemplar tanto el caso de Marset como otras situaciones futuras. “Hoy pasó esta legalización o intento de legalización de un documento relacionado a un narcotraficante conocido. En el futuro pueden pasar otras cosas y lo importante son normas, circulares, reglamentaciones de nuestro país que es la base por la cual nosotros nos movemos”, expresó.
Por su parte, Negro había señalado que era necesario compatibilizar los derechos de las personas que tuvieron antecedentes con las precauciones para evitar que esos documentos induzcan a error a autoridades extranjeras.
“No podemos hacer una normativa que le impida a las personas desarrollar sus trabajos por haber tenido algún día en su vida un antecedente. Entonces, hay que compatibilizar la libertad de trabajo, los derechos de las personas con la necesaria precaución de no entregar a un narcotraficante un documento que le permita luego o sacar un pasaporte o entregar un documento que haga incurrir en error a la Justicia norteamericana o la de cualquier otro país”, había afirmado el ministro.
