Déficit alto no es sostenible

El aumento insostenible del déficit fiscal pone en grave riesgo a una economía que pierde impulso, consecuencia de haber descuidado la elemental precaución de no gastar más de lo que ingresa, como han hecho los gobiernos del Frente Amplio. La meta oficial de bajarlo al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del período ya había sido postergada hasta fin de 2020, pasándole la responsabilidad a quien asuma el próximo gobierno. Pero hasta esta previsión diferida está ahora en duda al trepar el desequilibrio de las cuentas públicas al 4% del PIB en mayo, su nivel más alto en ocho años. La largueza gastadora, que llegó al despilfarro irresponsable durante la administración Mujica, ha llevado al incremento sostenido del gasto público pese al menor aumento del nivel de actividad, pero aumento de actividad al fin. Tenemos déficit creciente pero sin recesión y eso es francamente inadmisible.

La situación plantea opciones igualmente complejas. Es peligrosa la de incrementar el endeudamiento para solventar compromisos presupuestales y vencimientos de una deuda ya voluminosa. Otra es un ajuste fiscal, como han hecho tantos países en dificultades similares. Es, sin embargo, un curso que no parece estar en la agenda oficial, tanto por razones de ideología política como por su impacto de impopularidad cuando se acercan tiempos electorales, relegando que la estabilidad de la economía es más importante que ganar o perder una votación. Tampoco es factible mejorar las finanzas públicas con más subas de impuestos, vía que el gobierno ha descartado al reconocer, pública y reiteradamente, que el sector productivo privado y los hogares están al límite de su capacidad contributiva. Y si se omiten estos caminos, el único que queda es restringir la ejecución de partidas presupuestales ya incluidas en el ejercicio imprevisor de la Rendición de Cuentas, que aumenta el gasto en vez de haberlo contenido.

Recurrir a mayor endeudamiento es un sendero plagado de baches. Según los últimos datos del Banco Central, la deuda pública bruta aumentó a marzo al 66,9% del PIB, su nivel más alto desde 2010. Incrementarla aun más impactará sobre la confiabilidad de los títulos uruguayos y encarecerá el crédito, al que será aun más costoso acceder si las calificadoras de riesgo le retiran a Uruguay el grado inversor. Esta posibilidad se acrecienta con la conclusión de los analistas privados que mensualmente consulta El Observador de que el resultado fiscal seguirá siendo altamente negativo por lo menos en los próximos dos años.

Si no se impone un ajuste fiscal, si se evita un creciente endeudamiento y no se aumentan impuestos no queda otra salida que recortar ejecuciones del nuevo presupuesto en áreas donde la generosidad estatal tiene dudosa justificación. Es un curso que, además de postergar programas y proyectos, desatará conflictos con los sindicatos públicos y con los organismos que pierdan asignaciones. Pero la alternativa es poner al país al borde del precipicio, argumento al que puede recurrir el gobierno para calmar protestas. Las administraciones de la alianza de izquierda se han caracterizado por gastar donde no correspondía y anteponer programas, deseables algunos pero fuera de la realidad, a la necesidad ineludible del manejo fiscal prudente. La previsible consecuencia de inflar el gasto público con más voluntarismo que sustento genuino es el duro despertar que ahora enfrenta Uruguay.