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Denuncian ante el ministro al comandante en jefe de la Armada por acoso laboral
La Armada Nacional navega en aguas revueltas desde hace varios meses, con enfrentamientos entre algunos integrantes de su cúpula que están siendo observados con preocupación por el gobierno.
El conflicto escaló un nivel más esta semana, ya que el contralmirante Otto Gossweiler decidió denunciar al comandante en jefe Jorge Wilson por “acoso laboral” ante el ministro Javier García, según confirmó El Observador con fuentes militares y de Defensa.
García analizará el contenido de la denuncia y deberá ser quien resuelva la situación, dado que jerárquicamente es quien está por encima del comandante.
La denuncia señala que en el último tiempo Wilson lo sancionó cuatro veces, una cantidad que considera desproporcionada e injustificada, y que no le había ocurrido nunca ya que hasta el ascenso a contralmirante su legajo contaba únicamente con una sanción cuando era capitán de corbeta y otra como capitán de fragata.
Esta reiteración de sanciones en un corto período de tiempo configuran el “acoso laboral”, entiende Gossweiler.
Desde el entorno del comandante aseguran que las denuncias obedecen al interés de desplazarlo al frente de la institución, mientras que allegados al contralmirante dijeron que únicamente persigue el objetivo de frenar la corrupción interna.
A su vez, desde Defensa mencionan que algunas de las denuncias refieren a temas de larga data que esta administración está intentando corregir mediante decretos, resoluciones y modificaciones que se incluyen en las rendiciones de cuentas.
Las penas le han valido arrestos simples en su domicilio y otros a rigor que ha cumplido en la base naval de La Paloma.
Desde este lugar, donde cumple la última de las sanciones (10 días de arresto a rigor más 10 días de arresto en su domicilio) fue que decidió radicar la denuncia.
Actualmente, Gossweiler es el director de Material Naval (Dimat), pero la pena obedece a la época en que era comandante de la Flota (Comflo), un cargo que ocupó entre febrero de 2020 y abril de 2022.
En noviembre, una investigación interna concluyó que durante ese período hubo falta de controles en el Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada (Grubu), que depende jerárquicamente del Comflo.
Si bien la investigación –que se centró en las contrataciones que recibió el grupo por parte de terceros– concluyó que no cometieron delitos porque los trabajos estaban autorizados por ley, determinó que había errores de asiento en los libros contables.
A su vez, durante un interrogatorio, una abogada de la Dirección General de Personal Naval (Diper) le preguntó si sabía que el Grubu hacía y cobraba por tareas a terceros, y si estaba al tanto del resultado de una auditoría.
De acuerdo con el informe, Gossweiler le contestó que sabía de las tareas pero que no tenía conocimiento de la auditoría, a lo que la abogada le refutó que al Grubu le había llegado el documento por el conducto del mando por lo que era imposible que no estuviera.
El contralmirante está en desacuerdo con el resultado de la investigación y apelará las sanciones una vez que termine de cumplirlas.
De acuerdo con su versión, el Grubu depende operativamente del Comando de la Flota pero los controles financieros corresponden a la Dirección de Finanzas por un decreto de 2019, y el Servicio de Contabilidad de esta dirección recibía mensualmente las actas contables del Grubu. A su vez, las fuentes mencionaron que el Departamento de Contraloría Naval en la auditoría de noviembre de 2021 informó de la situación en el Grubu, pero Gossweiler no se enteró del resultado porque estaba de vacaciones cuando fue elevado al Comando de la Flota.
Esta sanción habilitó, a su vez, la instrucción de un Tribunal de Ética, que será realizado por otros contralmirantes en las próximas semanas.
Otras penas
Estas sanciones de fines de noviembre se suman a otras dos que ocurrieron en mayo y julio.
La primera llegó luego que Gossweiler denunciara “irregularidades” y “hechos con apariencia delictiva” en el pago de compensaciones adicionales en varias dependencias de la Dimat sin las “medidas de reserva pertinentes” lo que provocó que se filtrara.
La denuncia señala que varias personas recibían las compensaciones pese a que no cumplían con las funciones, y menciona a colaboradoras del comandante en jefe.
El ministro dispuso una investigación administrativa que aún no concluyó.
Antes de ser sancionado, Gossweiler también denunció “posibles irregularidades” en el pago de horas extras fictas a los funcionarios civiles del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), del que dependen todos los diques de la Armada.
Luego, en julio, fue sancionado por tomar –de forma unilateral– una medida que generó polémica: ordenó cortar el pago de luz, agua y gas al Club Naval y el Centro de Suboficiales Navales.
A su entender, estos pagos eran irregulares porque las instituciones no daban una contraprestación, y por lo tanto hay un desvío de los fondos públicos. La situación se regularizó tiempo después.
En la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por El Observador, Defensa reveló que la Armada no tiene registro de cuándo comenzó algunos de los pagos aunque estima que en el caso de la luz venía realizándolo desde, al menos, la década del ‘70.
Buscan jerarquizar el Esmade
El contralmirante Gustavo Luciani asumió el jueves como nuevo director de Inteligencia Estratégica (DIE) que funciona en la órbita del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).
El cargo venía siendo ocupado por un coronel del Ejército que volverá a tener un destino en esa fuerza.
Con la designación, el Ministerio de Defensa busca darle una mayor jerarquía al Esmade.
La idea de las autoridades es que a la brevedad el organismo tenga tres generales ocupando los principales cargos ya que un oficial con esta jerarquía, pero del Ejército, será designado próximamente como jefe de Operaciones.
El Esmade fue creado en 2010 y actualmente está encabezado por el general del aire Rodolfo Pereyra.
