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Contralmirante de la Armada que ordenó cortar pagos de agua, luz y gas al Club Naval fue nuevamente sancionado
El almirante Jorge Wilson entregó este lunes al ministro de Defensa Nacional, Javier García, un informe detallado sobre las facturas de OSE, UTE y Montevideo Gas del Club Naval, la Liga Marítima y el Centro de Suboficiales Navales que durante años fueron pagadas por la Armada.
El documento incluye los antecedentes y el instrumento jurídico bajo el que se realizaban, y había sido solicitado por García luego de que El Observador informara que los servicios se habían cancelado tras una resolución del director de Material Naval, Otto Gossweiler, un contralmirante que considera que los pagos son irregulares porque las instituciones no dan una contraprestación, y por lo tanto hay un desvío de los fondos públicos.
La decisión, tomada de forma unilateral por Gossweiler, le provocó a finales de la semana pasada una nueva sanción: un arresto simple de tres días que ya cumplió en su domicilio, según confirmó El Observador con fuentes de la Armada. La pena fue dictada por el contralmirante Gustavo Musso, jefe del Estado Mayor de la Armada, quien la semana pasada –hasta el viernes– ofició como encargado general del despacho de Wilson debido a que el comandante estaba en una misión oficial en Argentina.
El motivo fue no cooperar con el mando, dado que Musso le había pedido a Gossweiler que no cortara de forma radical los servicios sino que primero avisara a las instituciones, algo que no ocurrió, según reconstruyó El Observador a partir de la consulta a diversas fuentes militares.
Disputas internas
El director de Material Naval retornó a sus tareas este lunes. La sanción fue la segunda en los últimos meses, en un contexto de enfrentamiento con Wilson que ha generado preocupación en el gobierno.
Desde el entorno del comandante aseguran que las denuncias obedecen al interés de desplazarlo al frente de la institución, mientras que desde el entorno del contralmirante dicen que únicamente persigue el objetivo de frenar con la corrupción interna. A su vez, desde Defensa agregan que algunas de las denuncias refieren a temas de larga data que esta administración está intentando corregir mediante decretos, resoluciones y modificaciones que se incluyen en las rendiciones de cuentas.
El primer arresto –que fue a rigor y se extendió por 15 días en una base naval de La Paloma– fue apelado ante García y está siendo estudiado por la Dirección Jurídica de Defensa. Se produjo luego de que el portal Defensa.com informara de una denuncia de Gossweiler por “irregularidades” y “hechos con apariencia delictiva” en el pago de compensaciones adicionales en varias dependencias de la Dimat. En su denuncia, el jerarca mencionó que varias personas recibían las compensaciones pese a que no cumplían con las funciones, y señaló que algunos eran colaboradoras del comandante en jefe, por lo que pidió que se informara al ministro.
Wilson fundamentó la sanción señalando que Gossweiler elevó la denuncia “sin las medidas de reserva pertinentes” y “alteró el procedimiento habitual de entrega de documentos a mesa de entrada del Comando General de la Armada, no haciendo firmar el libro de correo correspondiente y sí una copia, la cual fue fotografiada y subida a la red social WhatsApp”.
Tras la denuncia, García inició una investigación administrativa –informada por Búsqueda– en la que ya declararon varios de los implicados.
Antes de ser sancionado, Gossweiler realizó una segunda denuncia, esta vez por “posibles irregularidades” en el pago de horas extras fictas a los funcionarios civiles del Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), del que dependen todos los diques de la Armada. El contralmirante pidió también asesoramiento a la Dirección de Finanzas por situaciones en la “venta de dólares” del SCRA.
Ante esta denuncia, el 30 de mayo –mientras Gossweiler cumplía el arresto a rigor en La Paloma– Wilson dispuso que el SCRA dejara de estar en la Dimat y pasara a estar bajo su órbita de forma “transitoria”.
“En los últimos veinte años la Armada planteó al Poder Ejecutivo la necesidad de definir categorías laborales para los funcionarios civiles del SCRA, ajustando la remuneración acorde a la misma y las compensaciones por mayor responsabilidad que estos perciben”, dice la resolución del comandante, que señala que “en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional se decidió profundizar en el análisis de la situación referida e instrumentar un régimen jurídico adecuado para regularla, procurando evitar eventuales interrupciones en las tareas hasta la concreción de la solución definitiva”.
