Denuncias de escuchas ilegales
Aunque las autoridades descartan que a nivel estatal haya irregularidades, admiten que es fácil pinchar teléfonos con tecnología que se puede comprar
Por primera vez en la historia del proceso penal uruguayo, la confesión está jaqueada como la reina de las pruebas y está jaqueada por la intervención telefónica (...) Más sencillo que un interrogatorio con los avatares del mismo, es intervenir un teléfono, pero también es más peligroso porque hay que tener sumo cuidado al respecto porque se afecta el derecho a la intimidad y convertimos esto en un Gran Hermano”, advirtió en 2012 el juez Luis Charles, actual ministro de tribunal de apelaciones penal.
Con esa afirmación Charles consideraba que se abusa de las escuchas telefónicas, interceptaciones de correos electrónicos y mensajes de texto, para obtener pruebas de delitos. Esas medidas están reguladas por la Ley Antilavado de Activos (ley 18.494 de junio de 2009).
La ley establece que ese tipo de medidas siempre debe pedirla el fiscal y debe realizarse bajo la supervisión del juez, quien además “será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio”, dice la ley.
La norma excluye las charlas que el indagado mantenga con su abogado “y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación”.
Sin embargo, han surgido denuncias sobre la realización de escuchas por fuera del marco legal. En agosto de 2013 el diputado Jaime Trobo convocó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de Industria, Roberto Kreimerman y al viceministro de Defensa, Jorge Menéndez, a la Comisión de Constitución de Diputados.
Las autoridades descartaron que a nivel estatal se realicen escuchas ilegalmente. Según dijo Trobo, en ese momento admitieron que “algunas veces” la autorización se da en forma verbal y se dejó en claro que en Uruguay es “relativamente fácil” acceder a la tecnología necesaria para interceptar comunicaciones.
Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry cursó en 2012 un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia ante la sospecha de que su celular fue interceptado ilegalmente.
La respuesta de la Suprema Corte, divulgada por El País en abril pasado, no se expresó sobre la consulta del legislador pero informó que desde 2009 y hasta el primer trimestre de 2014, los jueces penales de todo el país dispusieron 6.150 escuchas telefónicas. Ese total implica que los magistrados ordenaron en promedio tres escuchas telefónicas por día. Pero el dato está incompleto puesto que cinco jueces penales de Montevideo no respondieron al pedido.
Del total de 6.150 escuchas ordenadas desde 2009, 2.192 fueron dispuestas por los juzgados especializados en crimen organizado que tienen competencia en casos de corrupción pública, narcotráfico y lavado de activos, a partir de 2009, cuando fueron creados.
El vicepresidente de ANTEL y perito de telecomunicaciones, Pablo Barletta, dijo que si bien no es lo común se han debido realizar investigaciones administrativas por irregularidades de funcionarios que realizan escuchas ilegales. “No es lo común. El mayor porcentaje de los funcionarios son leales y no cometen este tipo de irregularidades”, advirtió en declaraciones a El País.
De todos modos, aclaró que es muy fácil adquirir dispositivos de bajo costo que permiten interceptar celulares o mail a través de la web. Los precios de esos aparatos oscilan entre US$ 700 y US$ 3.500.
“Lo puede hacer cualquier persona simplemente poniendo dos ‘cocodrilos’ (grampas) en los cables de teléfono en una entrada de una casa”, señaló. En el caso de los celulares, requiere equipos similares a computadores portátiles que permiten escanear celulares. Constan de un ordenador, antena y un par de audífonos. Su precio oscila los US$ 3.500 en Buenos Aires.
