Derecho de propiedad en entredicho
La propuesta de la presidenta del Frente Amplio de modificar el derecho de propiedad requiere ser aclarada para evitar lo que aparece como un riesgo de coartar libertades
La propuesta de la presidenta del Frente Amplio de modificar el derecho de propiedad requiere ser aclarada, con precisión de sus alcances, para evitar lo que, a primera vista, aparece como un riesgo de coartar libertades y abrir una puerta para que Uruguay se deslice hacia el socialismo del Estado, sistema que ha fracasado en cuanto país se implantó. Son confusas sus denuncias de que la propiedad privada está “sobrevalorada” por un “concepto atávico de la libertad y la propiedad” que causa desigualdades sociales. Presumiblemente la idea de la senadora Mónica Xavier de cambiar el derecho de propiedad no abarca una vivienda, una chacra, un automóvil o un pequeño comercio barrial sino que se refiere a grandes centros de producción o vastas extensiones de tierra. Pero mientras no especifique lo que propone, sus comentarios agudizan la preocupación por la pléyade de proyectos dispersos que pululan en la decisión de la alianza de izquierda de procurar el año próximo una reforma constitucional, mayoritariamente para atender sus intereses coyunturales.
Los derechos de las personas a la propiedad y al ejercicio de sus libertades son intocables en nuestro sistema democrático, salvo razones de interés general. El desastre de ignorarlos se evidencia en las naciones donde han sido recortados y hasta eliminados por el Estado, bajo la falacia de la propiedad colectiva controlada por los gobiernos de turno. Sin necesidad de recordar lo ocurrido en la Unión Soviética, en la China de Mao y en tantos países que siguieron su ejemplo, basta ir al muy cercano ejemplo de Cuba. Después de más de medio siglo de creciente pobreza bajo un socialismo a ultranza, de inspiración soviética, el castrismo alienta tardíamente la actividad privada de sus ciudadanos y de inversores extranjeros, que conllevan en ambos casos la propiedad de fuentes de producción. Y basta también ir a la Venezuela chavista, donde su fallecido mentor recorría las ciudades diciendo “Exprópiese, exprópiese”, sin ley, tribunal o garantía alguna para los propietarios de esas empresas.
Las declaraciones de la senadora Xavier parecen soslayar esta lección de la historia internacional reciente. La libertad, limitada solo por leyes justas y equilibradas, tiende a eliminar las desigualdades sociales que denuncia Xavier, cuando se aseguran a todos las mismas oportunidades de desarrollo. El requisito para alcanzar esa meta es la educación de alto nivel, campo en el que la alianza de izquierda ha fracasado estrepitosamente en el mayoritario sector público. Y la propiedad privada en áreas productivas, en la que trabaja el 80% de la población económicamente activa, es la fuente más confiable de producción y empleo calificado, en contraste con algunas empresas públicas deficitarias y mal administradas.
Por otra parte, el atavismo que censura Xavier, término que se usa frecuentemente con sentido peyorativo, significa mantener sistemas antiguos. Pero la propia supervivencia exitosa de las libertades civiles y del derecho de propiedad a lo largo de los siglos confirma su utilidad, a diferencia del socialismo colectivista, relativamente reciente y rápidamente esfumado por ineficaz. Esta realidad torna peligrosa e inconveniente la iniciativa de la senadora socialista, lo que aconseja mantener como están los términos de la Constitución, que establecen que “la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
