El gobierno del presidente Lula da Silva anunció este martes que intensificará la lucha contra la minería ilegal y mantendrá una presencia permanente de fuerzas de seguridad en el estado de Roraima para proteger el territorio indígena yanomami.
El jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, comunicó que el gobierno prevé destinar en 2024 cerca de UD$ 250 millones en acciones para "protección y seguridad" del pueblo yanomami, mediante un plan que será presentado "en 30 días".
"Vamos a migrar de acciones de emergencia a acciones estructurales (..). El Estado brasileño tendrá una nueva estructura permanente en la región, una redefinición de la ocupación de las fuerzas armadas y de la policía federal", anunció Costa, tras una reunión en el Palacio presidencial de Planalto liderada por Lula que contó con la presencia de 14 ministros.
El territorio de los yanomamis tiene el tamaño de Portugal y se encuentra en una situación crítica desde hace años, debido a las invasiones de los buscadores ilegales de oro.
Los indígenas los acusan de violar y asesinar a miembros de su comunidad, mientras los privan de uno de sus principales medios de subsistencia, la pesca, al contaminar los ríos con mercurio.
El gobierno pretende instalar una "casa de gobierno" en Roraima, que concentrará representantes de órganos federales para adoptar medidas tendientes a "retomar el modo de vida" y asegurar la "protección de los indígenas".
En febrero del año pasado, el gobierno desplegó fuerzas militares para desalojar a los mineros ilegales, pero muchas minas siguieron en funcionamiento.
Según un balance de los organismos federales, en 2023 hubo 400 operaciones contra los grupos ilegales que dejaron un saldo de 600 millones de reales -unos US$ 120 millones- aprehendidos.
Antes de la reunión en el Planalto, Lula dijo que "vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, utilizar todo el poder de la máquina publica, porque no es posible que podamos perder una guerra contra la minería ilegal, los madereros ilegales, contra personas que están haciendo cosas contrarias a la ley".
Poco después de haber iniciado su tercer gobierno, el 1 de enero de 2023, el gobierno declaró la emergencia sanitaria en la reserva indígena yanomami y se abrió una investigación por "genocidio", luego de la publicación de datos oficiales que reportaron la muerte en 2022 de un centenar de niños menores de cinco años, muchos por desnutrición.
El jefe de gabinete Costa anunció que durante enero, febrero y marzo continuará el reparto de alimentos por parte de las fuerzas armadas en la región.
(Con información de AFP)
