Detuvieron a ocho nuevos sospechosos por la Operación Océano

Los hombres, que en las primeras horas de este jueves eran cinco, y que luego se agregaron tres, fueron conducidos ante la fiscal del caso, Darviña Viera.

La Justicia imputó este miércoles a tres hombres por el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad, mientras que para otras dos personas que también fueron detenidas se dispusieron medidas limitativas, como la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país y acercarse a las víctimas, y seguirán siendo investigados por la fiscal.

El número de las víctimas aumentó a 18, luego de que la Fiscalía habilitara una línea telefónica –091 507 531– y se obtuvieran testimonios de varias menores, por este caso y otras investigaciones que se abrieron.

La mayoría de los imputados hasta el momento en esta investigación han sido penalizados por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos en reiteración real, salvo en dos casos en los que además se imputó un delito de contribución a la explotación sexual.

La Fiscalía también ha solicitado en muchos casos que se aplicara lo previsto por el artículo 79 de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, que define la inhabilitación a los imputados por delitos sexuales "para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia", aunque la Justicia no aceptó ese pedido en todos los casos.

Por esta causa –que también es histórica por la cantidad de indagados– fueron imputados un exjuez de menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto, un exasesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como noveno suplente a la Junta Electoral de Montevideo, además de varios empresarios, más profesionales, psicólogos y algunos docentes.

La principal víctima del caso admitió haber utilizado al menos dos cédulas falsas con las que se hacía pasar como mayor de edad.

Esta joven –que cumplió los 18 años en mayo– realizó al menos tres declaraciones diferentes ante la fiscal de esta investigación, quien pretende además que vuelva a declarar una cuarta vez pero con la presencia de los abogados de los imputados, como una prueba anticipada del juicio.