DGI indaga a mutualistas y promotores para detectar intermediación lucrativa

En la estafa del Fonasa, por la que 11 personas ya fueron procesadas, las mutualistas le pagaban a los promotores hasta $ 3.500 por cada nuevo afiliado, lo que está permitido. Sin embargo, los promotores les pagaban $ 500 a vecinos de asentamientos para que firmaran un supuesto formulario de afiliación. Esto último es intermediación lucrativa, un delito que se castiga con una pena de entre cuatro y veinticuatro meses de prisión.

"Vamos a ver si estas empresas pagan los impuestos que corresponden o no. En caso de que le estén pagando a algún usuario para que cambie de mutualista, entonces podremos detectar un gasto en negro, porque evidentemente no lo registran" dijo Serra.

¿Cómo lo detectan? Una inspección de la DGI permitiría determinar cuánto recibe una empresa promotora por cada afiliado y cuál su costo, entendido este como, por ejemplo, los costos de funcionamiento de oficinas, el pago de personal entre otros ítems. Cada uno de estos gastos viene acompañado de una boleta o factura que permite rastrear ingresos y egresos de la empresa.

Pero, si una empresa hace intermediación lucrativa, entonces se encontrarían con un gasto que no está justificado, ya que por tratarse de una actividad ilegal no se emite ningún comprobante.

Por la estafa al Fonasa la jueza penal Julia Staricco investiga a las mutualistas Círculo Católico, Asociación Española, Casmu, Gremca, Servicio Médico Integral (SMI) y Cudam.