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Pese a una huelga general opositora que paraliza el país, y al rechazo internacional, Nicolás Maduro persiste en su intento de elegir el próximo domingo 30 una Asamblea Constituyente, de la cual saldrá una nueva Constitución hecha a su medida, cerrando así el féretro de la democracia en Venezuela. La huelga de dos días convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reúne a todos los partidos opositores, con bloqueo de calles en las ciudades de todo el país, desafía la diaria represión sangrienta de las milicias de Maduro, que ha dejado más de un centenar de muertos y miles de heridos y detenidos en los últimos tres meses. Pero es difícil que logre impedir que Maduro consiga su propósito de eternizarse en el poder y anular las funciones del Parlamento.

El MUD ha llamado además a boicotear la votación, para dejar más en evidencia el abrumador rechazo popular al régimen militarizado instaurado en el país y que es el único sustento de Maduro para aferrarse al poder. Pero aunque sufrague una pequeña minoría de venezolanos, el chavismo validará igualmente el resultado ya que la mayoría de los delegados a la proyectada Constituyente serán nombrados a dedo por el gobierno para anular las elecciones del año próximo y asegurar la continuidad del oprobioso gobierno actual. No han hecho mella hasta ahora en la decisión chavista ni la condena de todos los gobiernos de la región, con la triste excepción del uruguayo y de la irrelevante Bolivia de Evo Morales, y la de países democráticos de todo el mundo.

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Es verdad que aún hay plazo para anular la Constituyente, y tanto el gobierno venezolano como la oposición están convocados a Brasilia a dar sus explicaciones. Pero ante el peligro, claro e inminente, que se consume el atropello constitucional ya sin formalismos democráticos, ¿qué se debe hacer? El gobierno uruguayo aduce, con razón, que no se puede declarar la guerra a Venezuela. Pero hay otras medidas de presión. Una de ella es aplicar la cláusula democrática ante la evidente violación del régimen constitucional. Pero Uruguay insiste en el formulismo de no intervenir en los asuntos internos de otro país pese a que la cláusula democrática lo impone ante la magnitud de la tragedia venezolana. Convocan además a un pacífico diálogo negociador entre el chavismo y la MUD, opción casi imposible si Maduro no cumple las condiciones que le fijó la comunidad internacional y hasta el propio Vaticano, que intentó mediar varias veces sin éxito.

La posición de nuestro gobierno no es comprensible si se olvida la devoción de varios sectores del Frente Amplio con Maduro, por una curiosa afinidad ideológica que está por encima del respeto de las instituciones democráticas y de los derechos humanos. Quizá por ello adopta decisiones ambiguas o contradictorias como la de respaldar pedidos internacionales al chavismo de que restablezca el orden institucional, pero al mismo tiempo se opone a ir más allá cuando lo que está en juego es muy importante. Los días próximos serán decisivos en el futuro venezolano, instancia ante la que el gobierno uruguayo debería asumir su responsabilidad y ser muy claro en torno a Venezuela. De lo contrario, habrá una segunda Cuba, cuando todo el continente está tratando de que en la primera se recuperen las libertades básicas.

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