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La implementación del plan de acción del Poder Ejecutivo para detener el “proceso de deterioro en la calidad del agua” de la cuenca del río Santa Lucía insumirá cuatro años, por lo que la “recomposición” del río que abastece de agua potable a 1,6 millones de personas se dará de mediano a largo plazo, según informó a El Observador el director nacional de medio ambiente Jorge Rucks.

El jerarca desestimó la necesidad de declarar la emergencia de la cuenca como reclaman los alcaldes con jurisdicción en el río. “Sería una medida extrema que no daría solución a los temas de contaminación del agua. Son temas que no se resuelven en el corto plazo. Tenemos que parar el proceso y después recomponer la situación”, explicó.

Si bien Rucks reconoció que se estaba en conocimiento de la situación desde hace varios años –hace siete que se hace un monitoreo permanente del río– y se había avanzado “significativamente” en el control de los vertidos industriales, el lanzamiento tardío del plan se debe a que recién ahora se logró crear un comité para la cuenca del Santa Lucía, indicó el director de la Dinama.

La cuenca del Santa Lucía enfrenta un largo proceso de deterioro debido a la contaminación generada por los residuos industriales y domésticos sin tratamiento y por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Para enfrentar esa situación las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) dieron ayer detalles de las medidas que tomarán para controlar la producción ganadera y lechera y de fertilización de las áreas agrícolas.

Rucks explicó que los tambos con más de 500 vacas deberán estar inscriptos en un registro a modo de facilitar el proceso de control. Se les concede un plazo para instalar algún mecanismo para el tratamiento secundario de residuos. La Dinama ya tiene un proyecto aprobado para otorgar apoyo económico a los pequeños productores para el manejo de vertidos de tambos y de corrales cerrados (feedlot). “El biogás es una alternativa (para un emprendimiento grande), pero a otra escala esos residuos pueden ser utilizados como fertilizantes, o las aguas podrían servir para riego con ciertos tratamientos”, dijo Rucks.

Con respecto a los agrotóxicos, el gobierno exigirá que cada productor cuente con un plan de manejo de suelos y agua autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, según el tipo de fertilizante y las necesidades de los cultivos.

En zonas a determinar se prohibirán los cultivos como forma de recuperar el monte nativo. Éste actúa como un filtro natural del agua y genera una barrera para la erosión de los suelos.

Consultado sobre la fiscalización que se hará de las medidas, Rucks aseguró que la Dinama “tiene la capacidad” suficiente para vigilar el cumplimiento de las medidas. La división de control ambiental cuenta con 22 técnicos.

Al final, habrá plan b
El directorio de OSE informó ayer a las comisiones de medioambiente de Diputados y Senadores que su Plan Estratégico 2013 –aprobado antes de registrarse mal olor y sabor del agua– incluye la definición e implementación de una “fuente alternativa conveniente” para el abastecimiento de agua potable del sistema metropolitano. No obstante, cuando ocurrió el episodio, el vicepresidente del organismo, Daoiz Uriarte, desestimó la advertencia del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, a propósito de la necesidad de contar con un “plan b”.

Milton Machado, presidente de OSE, informó que el Plan Estratégico incluye medidas preventivas: la construcción de una planta de pre-oxidación (para tratar la materia orgánica) y otra de dosificación de carbón activado.

A éstas se le sumará una planta de tratamiento de los lodos contaminados que el propio organismo vierte aguas abajo de Aguas Corrientes y que están desperdigados hasta Las Brujas (45 kilómetros al sur). “Pasa a ser necesaria de acuerdo a las condiciones que empieza a tener la cuenca del Santa Lucía y para mejorar todo el río”, indicó Machado.

La Dinama había dado un apercibimiento a OSE en 2006 y el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, había denunciado esta situación en 2010, pero recién ahora se entendió que debe ser prioritaria. “OSE priorizó otras cosas”, reconoció Machado. El plan es llamar a licitación en abril de 2014. Una vez culminado este proceso, se calculan entre 12 y 18 meses para la construcción que demandará US$ 50 millones.
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