El diputado frenteamplista Felipe Carballo presentó a la bancada oficialista un proyecto de ley para prohibir Uber por un año mientras se estudia cómo regularlo.
El texto señala que los conductores o intermediarios que no cumplan con la prohibición pueden recibir apercibimientos, la incautación del vehículo o la clausura comercial, informó este miércoles El País.
Carballo, que preside la comisión de Transporte de Diputados, pidió que la bancada tome una decisión lo antes posible y espera que el próximo martes ya haya una definición sobre el tema.
El articulado establece la creación de un grupo de trabajo, formado por los ministerios de Transporte, Industria, Trabajo, Economía y un integrante del Consejo de Ministros, que estudiaría durante un año cómo regular la aplicación.
En cuanto a los motivos que llevan a la redacción del proyecto, el diputado señala la llegada "intempestiva" de nuevos negocios que buscan incidir en el transporte público sobre los cuales es necesario "legislar".
La llegada de la aplicación generó incertidumbre en las autoridades, que enseguida armaron comisiones para investigar cómo regular el nuevo servicio de transporte. En principio surgieron dudas sobre la aplicación era o no legal. La Intendencia de Montevideo considera que Uber brinda un servicio de transporte irregular por no contar con las habilitaciones que prevé la normativa del departamento.
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En tanto, se creó un grupo interministerial para analizar la llegada de la aplicación
Los principales opositores de Uber son los taximetristas, que sostienen que el servicio no es legítimo y pondrá fin a las fuentes de trabajo. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo que no es la voluntad de gobierno "poner ningún tipo de obstáculos" al servicio.
Sin embargo, la empresa mantiene la postura de que su servicio es "completamente legal" y asegura querer "colaborar" para que el país tenga una normativa que acompañe la innovación, según expresó días atrás a El Observador la gerenta de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Soledad Lago.
