Diputados inicia polémico debate de ley de medios
El proyecto impulsado por el gobierno de Cristina Fernández pretende limitar los monopolios; es rechazado por opositores que lo ven como un intento de controlar a la prensa
La Cámara de Diputados de Argentina inicia este miércoles el debate de un polémico proyecto de ley sobre medios audiovisuales, impulsado por el gobierno, que pretende limitar los monopolios, y rechazado por opositores que lo ven como un intento de controlar a la prensa.
"Estamos convencidos de que vamos a tener el número de votos" para aprobar la ley, dijo a la prensa Agustín Rossi, jefe de diputados del oficialismo, que cuenta con mayoría en Diputados y en el Senado, mientras la oposición derechista y socialdemócrata advirtió que no dará quórum en el recinto.
El gobierno modificó días atrás el proyecto enviado al Congreso a finales de agosto, lo que le permitió sumar votos de legisladores de izquierda, que comulgaban con el espíritu de la ley, que en caso de aprobarse reemplazará la actual legislación que data de la última dictadura (1976-83).
Esas modificaciones incluyeron el veto a las telefónicas para operar el mercado de cable y el aumento de cinco a siete de los integrantes de la comisión que será autoridad de aplicación de la nueva ley, evitando así que el Poder Ejecutivo tenga mayoría en esa entidad, que tendrá carácter autárquico.
Un punto controvertido es el que obliga a las empresas a deshacerse de sus canales de aire o de cable en el plazo de un año, porque el proyecto prohíbe que el dueño de un canal de aire tenga además uno de cable en la misma zona.
Entre las empresas afectadas, está el principal multimedios del país, Clarín, crítico feroz del gobierno.
Los opositores acusan al gobierno de buscar apurar la sanción de la ley y exigen que se posponga la discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando el oficialismo pierda la mayoría en las dos cámaras, por el duro revés que sufrió en los comicios legislativos de finales de junio.
La iniciativa fue rechazada por entidades que reúnen a los empresarios de la prensa argentina e internacional, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advirtieron que el proyecto amenaza la libertad de prensa y la seguridad jurídica.
(AFP)