Discrepancia franca y diálogo de frente
Si antes de poner la lengua en funcionamiento, pusiéramos el cerebro en movimiento, nos ahorraríamos estos problemas y mejoraríamos la calidad de nuestra democracia
Desde que el candidato colorado Ernesto Talvi puso un tema de fondo sobre la mesa de una campaña anodina y sosa (el exceso del empleo público y sus efectos sobre el gasto público y el déficit fiscal que tenemos actualmente y que debe ser corregido a la brevedad sin pena de perder capacidad crediticia) se tejieron las más variadas teorías y se usaron los más insólitos argumentos. Y la gran mayoría, como siempre, se decantaron por argumentos ad hominen y por teorías conspirativas, que son las más fáciles de usar y no exigen mucho raciocinio. “Que era un neoliberal”, “que quería echar 50.000 funcionarios a la calle”, “que era un lobo capitalista que pretendía disfrazarse bajo la piel de cordero del progresismo”, “que era un ‘Chicago boy’ que iba a destruir todas las conquistas de los últimos 15 años y más”, “que quería transformar a Uruguay en un nuevo Chile (horror)”.
Luego de discutir si los empleos públicos creados durante las tres administraciones del Frente Amplio –unos 70.000, que se añadieron a los 240.000 existentes en 2005– debían computarse o no como empleo genuino a los efectos de determinar la tasa de desempleo (si se los toma en cuenta el desempleo ronda el 9% y si se los excluye y se considera solamente el empleo privado, la tasa de desempleo debería rondar el 13%), la cosa pasó a mayores. El PIT-CNT convocó a “una gran movilización” para antes de las elecciones del 27 de octubre en defensa de esos 50.000 puestos de trabajo públicos que Talvi proponía no cubrir cuando se produjeran vacantes por muerte o jubilación. La preocupación del PIT-CNT también era los funcionarios que tenían un contrato eventual y se preguntaban si al término de este serían contratados en forma definitiva o si se los iba a despedir. Pregunta ociosa porque al término de un contrato a plazo no hay despido. No hay obligación por parte del empleador de otorgar estabilidad en el empleo, y menos la generosa estabilidad de la que gozan los empleados públicos en este país.
Primero se distorsionó la propuesta –era echar a la calle a 50.000 funcionarios–, luego se preocupó por el trabajo eventual, y finalmente se entró en carriles más sensatos de si era posible que el estado funcionara no reponiendo las vacantes que se generaban anualmente. Parecía que hubiera un derecho natural a que fuera obligatorio rellenar los cargos vacantes a como diera lugar.
Incluso se dijeron cosas muy traídas de los pelos. Como por ejemplo que “los funcionarios públicos son la garantía de los derechos humanos de todos los días y sus equipos técnicos son la barrera protectora que tenemos respecto a la calidad de nuestros productores, la calidad de lo que consumimos y sobre todo la protección de nuestro patrimonio”. Algo que obviamente nada tiene que ver con la cifra de funcionarios públicos sino con su adecuado funcionamiento.
Tampoco nadie dijo que probablemente el número de funcionarios es una cifra dinámica, que a veces crece en un área y a veces decrece en otra. Pero sobre la que no hay ningún dogma o fórmula matemática que diga cuantos tienen que ser. Más bien, lo que puede ayudar a saber cuántos funcionarios son necesarios son las comparaciones con otros países de similar tamaño y estructura. Y allí sí que salimos mal parados porque resulta que sobran como unos 100.000 funcionarios.
Curiosa es también la defensa del aumento del empleo público cuando la izquierda siempre criticó a los partidos tradicionales por el clientelismo político de llenarse de cargos inútiles solo para premiar a sus militantes o votantes.
En fin, hubo una gran batahola sobre el tema, olvidando que ya José Mujica en 2010 había propuesto una profunda reforma del Estado y del estatuto el funcionario público, lo que le valió enfrentamientos con varios gremios, especialmente con el de ANCAP. Y que el ministro Astori en mayo de 2016 dijo algo muy similar a lo de Talvi al afirmar que “el país enfrenta un “exceso” de funcionarios públicos que es “necesario combatir y enfrentar” como forma de reducir el gasto. Y que este “exceso” se refleja en la “historia del país” y es responsabilidad de todos los gobiernos. “Todos hemos sido copartícipes de un manejo de esta situación que no ha sido buena”, sostuvo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entonces, ¿por qué no razonar antes de hablar? Es una pena que la memoria sea tan corta y tan selectiva cuando los problemas son de larga data y cuando todos los partidos son responsables.
Lo bueno, con todo, fue que el pasado jueves el candidato colorado concurrió a la sede del PIT-CNT y pudo exponer sus ideas con total tranquilidad y respeto. Por supuesto que no coincidieron con el PIT-CNT pero el clima de diálogo franco fue positivo. Tanto que la central obrera canceló la movilización que había planificado contra las propuestas de Talvi. Si antes de poner la lengua en funcionamiento, pusiéramos el cerebro en movimiento, nos ahorraríamos estos problemas y mejoraríamos la calidad de nuestra democracia
