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Cualquiera sea la opinión que uno tenga sobre el gobierno de Venezuela (ya sea que es una democracia en toda regla –y hasta más que eso, como sostienen algunos, por la cantidad de elecciones que ha ganado en 15 años–, o un régimen delegativo de cuño bonapartista, diseñado para un caudillo que ejerce un control absoluto sobre los resortes que hacen a toda democracia), hay cosas que no admiten discusión: hay allí represión del gobierno, hay censura, hay presos políticos, se han violentado los derechos humanos de gente inocente y la situación es insostenible.

Después de 30 muertos en las calles y centenares de heridos desde que en febrero empezó la ola de protestas, el gobierno de Nicolás Maduro estrechó la última semana el cerco sobre los líderes opositores vinculados a las manifestaciones, sobre las publicaciones independientes en internet y recrudece la represión en las calles para sostenerse en el poder.

El martes fue detenido Daniel Ceballos, el acalde de San Cristóbal, ciudad del estado de Táchira donde hace 40 días se iniciaron los disturbios que aún no cejan. Según el gobierno, sobre el alcalde pesan cargos de “rebelión y agavillamiento”; sin embargo, no existió orden de ningún juez o juzgado para su detención. El mismo día, la Asamblea Nacional aprobó una moción para despojar de sus fueros a la diputada opositora María Corina Machado, en medio de amenazas públicas del propio presidente de la Asamblea y segundo de a bordo del chavismo, Diosdado Cabello. El lunes, la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana tomaron la plaza Altamira, bastión de las protestas y símbolo de la oposición al chavismo a lo largo de los 15 años que lleva en el poder. Y la semana pasada, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició una ofensiva con los proveedores de internet para que bloquearan todas las páginas web opositoras al gobierno.

Todo esto se produce a un mes de que fuera encarcelado el líder opositor Leopoldo López en un penal militar, y a poco más de que la señal de televisión por cable de origen colombiano NTN-24 fuera sacada del aire en plena transmisión durante las protestas. Mientras tanto, el gobierno controla todos los medios de radio y televisión. Maduro, además, gobierna por decreto desde noviembre pasado; miles de manifestantes continúan en las cárceles sin acceso a la Justicia, donde se han presentado denuncias de apremios físicos; la violencia no cesa; no se investigan las muertes en las calles y campea el desabasto y la debacle económica.

¿Qué ocurre?

La respuesta tal vez nos remita al debate inicial de si estamos ante una democracia o no. ¿Puede un gobierno democrático comportarse de esa manera? La respuesta es, claramente, no. Y es que la democracia no es solo votar. Suele esgrimirse que el chavismo “ha ganado 18 elecciones de las 19 en que ha participado”. Nadie pregunta por qué, si perdió una, continuó gobernando el país. Pero ese es otro tema. El tema es que una democracia implica algo más que el voto popular. Implica una serie de instituciones que en Venezuela están copadas por el Ejecutivo; implica una separación de poderes que allí no existe; implica además una prensa libre que no está garantizada; e implica sobre todo la alternancia en el poder, como claramente no es el caso.

Y es que el chavismo fue concebido a la medida de su líder, Hugo Chávez, un caudillo carismático dueño de una conexión emocional, mística, con los sectores populares. Al sustituir a las instituciones por un caudillo —subordinarlas a su figura, o delegarlas a su voluntad—, una vez que este ya no está, el sistema se viene al suelo como un castillo de naipes. Podrá sostenerse un tiempo a base de su gran aparato clientelar. Pero tarde o temprano, sobreviene el terremoto; y eso es lo que estamos presenciando hoy en Venezuela.

Tan claro es que la situación no se sostiene que hasta el propio ideólogo del chavismo, Heinz Dieterich, le ha dado ocho semanas de vida al gobierno de Maduro. En una reciente entrevista con el semanario Der Spiegel, el sociólogo alemán dijo que “está claro para todos” que Maduro no puede seguir gobernando en medio de ese caos. Pero lo más grave que dijo fue que “eso no lo va a permitir la fuerza armada”. Y agregó: “Probablemente (Maduro) sea sustituido por una junta de gobierno” impulsada por “militares y gobernadores chavistas”.

Que esto lo diga el principal ideólogo del chavismo, parece un claro llamado al golpe de Estado.
Ese ha sido muchas veces el problema de algunos intelectuales que son encandilados por líderes mesiánicos y terminan proporcionando el marco teórico para la tiranía, mediante regímenes delegativos, bonapartismos y todos esos inventos que, en definitiva, solo conducen a coartar libertades y al poder absoluto.

Así pues, ahora tenemos al inventor del paraíso socialista del siglo XXI –y uno de los principales referentes intelectuales de la izquierda latinoamericana y del Foro de San Pablo– llamando a un golpe de Estado. ¿Será esa la fase final de socialismo? O tal vez lo sea –en la visión de estos intelectuales que han apoyado al chavismo– para el caso particular de Venezuela. Porque tampoco se puede negar que algunos sectores de la oposición venezolana han probado en el pasado ser tan golpistas y tener un discurso tan disolvente como el del propio Chávez. De hecho, muchos de ellos apoyaron el golpe fallido de 2002 en contra del líder bolivariano.

Pero lo que hay hoy en Venezuela no es un golpe; lo que hay hoy en Venezuela es una revolución. Y la salida a esta crisis no parece pasar por más chavismo, sino simplemente por más democracia.
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