Dudosa expansión al pacífico
El ingreso a la Alianza del Pacífico depende de que el gobierno corrija inconsistencias
Es improbable ser aceptado en un club selecto sin cumplir sus normas. Es lo que ocurre con el pedido de Uruguay de ingresar a la Alianza del Pacífico como Estado asociado. La esperanza de ampliar mercados de exportación al incorporarse, aunque sea a medias, al único experimento exitoso de integración económica en el continente difícilmente prospere a menos que el gobierno corrija inconsistencias. La mayor es su perniciosa propuesta de multiplicar en 150% los aranceles a la importación de bienes de consumo originarios de países fuera del Mercosur. Este plan, uno de los muchos desaguisados incluidos en el proyecto de Rendición de Cuentas, contraría frontalmente la libertad de comercio en que se basan las normas y los avances de la Alianza.
Este acuerdo de Chile, México, Colombia y Perú ha logrado en sus seis años de vida liberalizar en 90% el intercambio entre los cuatro países latinoamericanos más industrializados, que representan el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de la región. En la reciente reunión cumbre del grupo en Cali, donde el canciller Rodolfo Nin Novoa formalizó la solicitud uruguaya, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció la aceptación como miembros asociados de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Estas naciones, cuyo ingreso al acuerdo va en camino a reemplazar el Tratado Transpacífico que frenó Donald Trump al decidir el retiro de Estados Unidos, se caracterizan por su alto grado de industrialización y, sobre todo, por la apertura de sus economías.
Uruguay está lejos de estas condiciones. Avanza lentamente en industrializarse pero normas vigentes o proyectadas y desacuerdos dentro del gobernante Frente Amplio cierran su proyección externa en vez de abrirla. Los enredados trámites burocráticos han frustrado hasta ahora el aprovechamiento de la ley de Participación Público-Privada (PPP), diseñada para atraer capitales externos que se asocien con el Estado en obras de infraestructura pero que, después de cuatro años, no termina de despegar, como lo acaba de reconocer el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Sectores del oficialismo y en el PIT-CNT insisten en que se aumenten los impuestos al capital, forma expresa de bloquear el libre comercio al desalentar inversiones productivas dirigidas a la exportación.
Y para recaudar unos modestos US$ 95 millones en su búsqueda de recursos que apuntalen las endebles cuentas públicas, el gobierno filtró en la Rendición de Cuentas la propuesta de subir la tasa consular que pagan las importaciones, del 2% al 3% para productos provenientes de los otros países del Mercosur y al 5% las de naciones fuera del bloque. A menos que este aumento arancelario sea desechado en el actual debate parlamentario del proyecto presupuestal y el gobierno propulse una apertura real del intercambio, es difícil que la Alianza del Pacífico vea con buenos ojos aceptar asociarse con un país que camina en sentido contrario a la liberalización comercial. Nin Novoa y otros miembros del Poder Ejecutivo son firmes partidarios de la apertura. Pero chocan con una estructura que traba el cambio y con la renuencia de jerarcas y dirigentes frenteamplistas y sindicales a salir del atraso.
