Duro golpe a la separación de poderes

Si los ministros de nuestro máximo tribunal son designados en proporción a los resultados electorales, tendría el efecto inevitable de politizar a la SCJ

Por Redacción

Si se convirtieran en hechos las declaraciones del presidente José Mujica sobre integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Uruguay se uniría al desbarranque del bloque bolivariano del estado de derecho. Aunque no lo propuso formalmente, citó como posible ejemplo para el futuro que los ministros de nuestro máximo tribunal sean designados en proporción a los resultados electorales. Este curso, anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al otro lado del río, tendría el efecto inevitable de politizar a la SCJ al asegurar que una mayoría de sus integrantes respondan al partido que gane el gobierno, sea quien sea.

La fórmula contraría frontalmente tanto la división de poderes del Estado como la independencia del Poder Judicial, pilares esenciales de la estructura de controles y equilibrios en que se basa toda democracia digna de tal nombre. Pero la equivocada concepción de Mujica de lo que debe ser la SCJ no terminó ahí. Acusó además a la actual de ser “muy conservadora” y “supuestamente independiente”. Sus palabras implican que considera que la SCJ se desvía de los criterios estrictamente técnicos al cumplir sus funciones constitucionales, palabras muy graves en boca de un presidente de la República.

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El mandatario, por otra parte, sorprendió a todos al asegurar que “hay un movimiento en toda América de rever el funcionamiento de las cortes supremas”. Si realmente existiera dicho movimiento, que aparentemente se presentaría en el Celac presidido por Raúl Castro, que es un “auténtico paladín de las libertades”, estaría apoyado solo por países donde el estado de derecho es fracturado permanentemente por el Poder Ejecutivo como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. Y si dicho movimiento llega a tener algún éxito, estaremos frente a la defunción del estado de derecho y de las garantías y libertades individuales.

Las objeciones de Mujica y otras figuras conspicuas del Frente Amplio han arreciado después de varios fallos de la SCJ que molestaron al gobierno y a la alianza de izquierda. Pero los fallos de un tribunal que funciona estrictamente dentro de sus competencias constitucionales tienen que ser forzosamente respetados, gusten o no. Y además es difícil sostener que no se ajustan a derecho. Incluso en el caso de la ley de Caducidad, hasta el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, había anticipado desde el primer momento que la ley interpretativa era inconstitucional. Pero del Frente Amplio aumentan igualmente las presiones para convertir de hecho a la SCJ en un apéndice del Poder Ejecutivo, que decida lo que le guste al gobierno de turno y no lo que dicten las normas constitucionales que nos dimos soberanamente los uruguayos.

La solución a toda esta controversia improcedente no está en más toqueteos reformistas de la Constitución sino en que el Parlamento cumpla su función de designar a los ministros de la SCJ, lo cual permite asegurar un exhaustivo estudio de la competencia de cada candidato para el cargo y evitar futuros cuestionamientos. El artículo 236 de la Constitución encomienda los nombramientos a la Asamblea General por dos tercios de sus votos, en un plazo de 90 días. Cuando esa mayoría especial no se logra, se recurre a la menos deseable alternativa constitucional de llenar los cargos con los ministros de más antigüedad de los Tribunales de Apelaciones. Pero constituida la SCJ bajo una u otra fórmula es ineludible aceptar los fallos, en vez de hurgar en busca de triquiñuelas institucionales que ponen en peligro el estado de derecho. l

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