Economía concluyó que Casal no incurrió en defraudación
El MEF sugirió investigar a la DGI por su "inocultable desviación en la aplicación del derecho"
Contra lo que viene sosteniendo la Dirección General Impositiva (DGI) desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario Francisco Casal.
El MEF le dio pase del recurso al fiscal de gobierno de segundo turno, Miguel Toma, quien en junio, ante la especificidad del asunto a tratar recomendó realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si dicha actividad alcanza o no al IVA y al Impuesto al Patrimonio”. También pidió que en ese informe técnico se indicara si la actuación de la DGI fue correcta, si existen elementos como para determinar la existencia de infracción de defraudación y si eventualmente habría prescripto la pretensión de la DGI “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda”.
Informe independiente
Fue entonces que el MEF pidió un informe al doctor Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules. Sin embargo, el MEF solo le pidió a Albacete que se pronunciara sobre si hubo defraudación tributaria y si, en caso de tener que pagar algún impuesto, el plazo aplicable era de 5 o 10 años. Aunque el fiscal lo reclamó, el MEF no pidió a Albacete que se pronunciara acerca de si los impuestos que la DGI pretendía cobrar al empresario procedían.
En un extenso informe que recoge varios informes de especialistas todos favorables a Casal, Albacete concluye “de forma categórica que en el presente caso no se configura defraudación tributaria”. Entre otros argumentos señala que Casal, asesorado por expertos, estaba “convencido” de que no debía pagar impuestos, con lo cual “el dolo y el fraude quedan desvirtuados y no puede ser imputada infracción”.
En cuanto a “la prescripción de los tributos (si estos se hubieren generado) es de 5 años, contando a partir de la terminación civil en que se produjo el hecho gravado”, dijo Albacete.
En octubre, el informe de Albacete llegó a la Fiscalía de Gobierno. Si bien el informe de Albacete no se pronunció acerca de si Casal debe pagar algo por impuestos, puesto que eso no se lo había preguntado el MEF al especialista, el fiscal destaca en su informe que Albacete “plantea dudas acerca de si acaeció el hecho generador de los tributos reclamados y si nacieron las consiguientes obligaciones tributarias. Las dudas son serias y se sustentan en las apreciaciones de los especialistas llamados a opinar”.
Basado en este tipo de apreciaciones que los abogados de Casal esperan que de un momento a otro el gobierno emita un fallo que cancele definitivamente las pretensiones de cobrarle algo al empresario.
El fiscal sostiene que la acción de la administración aparece “seriamente comprometida por una inocultable desviación en la aplicación del derecho tributario formal y material”.
“Debemos concluir que las violaciones que nutren (los antecedentes del caso) no se ajustaron al principio de verdad material (..) con lo que se impondrá el consejo revocatorio en la medida y extensión que lo entienda pertinente”, añade. El fiscal aconseja iniciar una investigación administrativa para determinar si existieron hechos irregulares que llevaron a la DGI a proceder de esta forma.
Con el informe del fiscal de gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas revocó parcialmente las resoluciones de la DGI que imputaban a Casal un acto de defraudación y redujo de 10 a cinco años los plazos para calcular los impuestos que presuntamente el empresario adeuda. Casal ya había ganado en lo penal
En octubre de 2008, la DGI inició un juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El juez Carlos García le tomó declaraciones al empresario y sus socios, pero el caso fue finalmente archivado por el juez el 17 de julio de 2009, quien consideró, como la fiscal Dora Domenech, que Casal no cometió delito. Con el juicio penal contra Casal cerrado, el juez envió el expediente a los juzgados especializados en crimen organizado para investigar la actuación del exdirector de Rentas, Eduardo Zaidensztat, en el proceso administrativo que inició contra el empresario. Ahora el fiscal de gobierno pidió que se investigue a la DGI para saber si hubo desvío o abuso de poder.
