9 de mayo de 2026 5:00 hs

La cesárea estaba programada para mediados de noviembre pero la bebé quiso adelantarse. Dos madrugadas antes de la fecha prevista, Tatiana Cabrera empezó con dolores tan fuertes que llegó al hospital de Florida pidiendo que la niña naciera, en quirófano, con posterior ligadura de trompas. La que estaba a punto de nacer iba a ser —estaba decidido— la última de seis. Pero en el hospital no tenían cómo: no había ginecólogo ni anestesista. Así que trasladaron a Cabrera con su pareja hasta el Hospital Pereira Rossell, en Montevideo, adonde llegó a las seis de la mañana. La bebé nació después de un parto que se demoró nueve horas más.

Y ahí se enteró: su hija no se iría con ella.

El equipo técnico del Hospital Pereira Rossell —que atendió la llegada de la niña— identificó que la bebé nació con sus derechos vulnerados. Aunque la madre tenía un lugar donde vivir, tenía una pareja que la ayudaría con la crianza —lo había hecho también durante el embarazo—, tenía cómo generar dinero a partir de changas como limpiadora, o cocinando, o cuidando niños, como lo hacía cada vez que surgía la oportunidad, los asistentes sociales vieron otra cosa. Vieron que al embarazo le habían faltado controles. Registraron en el informe que ella había asumido que consumía drogas. También, que su relato tenía contradicciones.

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A la madre, en parte, la condena su historia.

Su primer hijo lo tuvo antes de cumplir los 18, y dos años después tuvo el segundo. Los dos más grandes, que ya entran en la adolescencia, fueron criados de forma compartida con su abuela materna, que ahora es una mujer de más de 80. Con ellos, dice Cabrera, tiene un vínculo cercano, pero reconoce que al principio había sido difícil: cuando nacieron ella no se sentía preparada para criarlos sola.

Después llegaron los otros tres, hijos de otro padre, militar que estuvo hasta hace unos meses de misión en el Congo. A él, Cabrera lo denunció siete veces por violencia doméstica: a veces por agresiones físicas, a veces por agresiones verbales. Cuando se separaron, el hombre le pasaba $ 8 mil por mes por los tres niños.

Entonces, un día, apareció en la casa de Cabrera su excuñada, la hermana del militar: que se llevaba a los nenes, que era disposición del INAU. Una denuncia anónima la acusaba de no cuidar a sus hijos, que se desaparecía varios días, que los niños iban quedando a la deriva.

Al poco tiempo, Cabrera quedó embarazada de nuevo. Su pareja, que no tiene la certeza de ser padre de la bebé, la acompañó durante el embarazo. Él, peón rural, consiguió trabajo en campaña, en una estancia en Florida, y le propuso que se fueran juntos a Cerro Colorado. Y allá se fueron, con un primer control de embarazo hecho. Faltaron otros, y después, los demás, hechos entre Cerro Chato y el Hospital de Florida.

Por qué no pudo irse con su bebé, Cabrera no encuentra explicación. Del Pereira Rossell, las trasladaron al Hospital de Florida, donde estuvieron 15 días más. De ahí, a la madre la sacaron con la policía y con un frasco de Dostinex, para cortar la producción de leche, que le dieron antes de irse.

La orden judicial del 25 de noviembre de 2025, a la que accedió El Observador, dice que la madre “no se encuentra apta para asumir un rol de cuidado de materna integral respecto de su hija recién nacida”, por lo que la bebé debía quedar al amparo del INAU. Sin embargo, también menciona que debía tomarse en cuenta que ella quería hacerse cargo de su hija, por lo que la bebé debía ser trasladada a Treinta y Tres, donde su madre volvería a mudarse. Además, la jueza intimó a Cabrera a cumplir con los deberes inherentes a la patria potestad y que eso implicaba, también, permitir que los servicios sociales intervinieran si ella no podía hacerlo sola.

Ante esto, Cabrera se mudó de vuelta a Treinta y Tres, donde viven sus otros cinco hijos, su madre y el resto de su familia.

La bebé, sin embargo, nunca salió de Florida. Fue integrada al régimen de Familia Amiga bajo el seguimiento de Aldeas Infantiles, que tiene convenio con el INAU en ese departamento. La Justicia definió que la madre podía visitar a la niña una hora por semana.

Con ayuda del INAU —que pagaba algunos boletos— y con otra ayuda del Mides —que le daba otra parte— compraba los pasajes de Treinta y Tres a Tres Cruces, y de Tres Cruces a Florida. Como no hay línea directa entre los dos departamentos, para la hora sagrada en la que vería a su bebé, Cabrera debía viajar hasta 14 horas.

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Una vez que estaba con ella, Cabrera aprovechaba para hacer lo que hacen las madres con sus bebés: la paseaba en brazos, le hacía muecas, le movía el sonajero, le daba besos. El Observador vio más de una decena de videos de esos encuentros. Ella los filmaba para su pareja, para mostrarle cómo la bebé iba creciendo.

Visita

Sin embargo, el equipo técnico de Aldeas Infantiles veía otra cosa.

El informe firmado por la trabajadora social Valeria Spinelli, coordinadora de Cuidado en Familia, dice que Cabrera iba poco a Florida, que ponía “excusas para no concurrir”, que pedía si podía enviar a alguien en su representación, que se la veía “totalmente desapegada y desafectivizada con su bebé”, que después de tenerla un rato a upa se quejaba porque se le “cansaba el brazo”, que no generaba “ningún cuidado básico” de su hija, como cambiarle el pañal o darle el biberón. Cabrera dice que no fueron excusas: que hubo veces que no pudo viajar porque tenía audiencia, o tenía pericias que hacerse.

“No oficia como una figura de referencia. Al momento de auparla no manifiesta conductas clásicas que se generan de forma natural desde el mundo adulto ante el contacto con bebés, tales como mecer, utilizar lenguaje infantilizado, atención ante necesidades básicas como ver estado de pañal, síntomas de hambre y sueño”, describe el informe de Aldeas Infantiles.

Tatiana Cabrera - testimonio

Y concluye que, al terminar las visitas, la bebé no se angustia ni muestra ningún indicador de malestar. Que, de hecho, muestra más apego con sus referentes actuales que con su madre biológica.

Por esto, Spinelli recomendó que la bebé fuera integrada a una familia del Registro Único de Adoptantes “como la única posibilidad de que crezca en un entorno seguro y protector”. Otros informes técnicos repiten el mensaje: la madre no tiene capacidad de cuidado.

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Con estos datos sobre su escritorio, la Justicia ordenó: la bebé debe ir a una familia adoptante de forma provisoria.

No tenía, sin embargo, los exámenes toxicológicos que se hizo la madre en el Hospital de Florida, que, según Cabrera, le dieron negativo. Esos estudios no aparecen. No están, todavía, sumadas las pericias psicológicas.

“Nos han tenido de arriba para abajo, nos humillaron a mí, a mi marido, se burlaron de nosotros. No entiendo por qué. Pero nosotros vamos a pelear por ella hasta el final. Yo llamaba a Aldeas Infantiles y me cortaban el teléfono. Y ahora dicen que la van a dar en adopción, algo oscuro hay, porque no entiendo por qué me la sacan. Estoy luchando con uñas y dientes, hasta el último día", dice Cabrera a El Observador.

Quien mira los informes técnicos de su expediente no tiene dudas: la mujer ya demostró, una y otra vez, que no puede.

Quien conoce a la mujer, no entiende: la asistente social que le hace seguimiento se pregunta por qué se la sacan, en vez de ayudarla a sostener la maternidad. Porque la madre va, viaja cientos de kilómetros, la pide, pregunta por ella.

El Código de la Niñez obliga al Estado a preservar, siempre que sea posible, el vínculo del niño con su familia de origen, sobre todo si hay alguien dispuesto a hacerse cargo.

La bebé cumple seis meses y ya ha pasado por dos hospitales, por dos departamentos del país. Llegó en una familia, se integró a otra, y ahora irá a otra más.

Y todavía no hay decisión final de la Justicia.

Quizá tenga que volver adonde todo empezó. Quizá su vida empiece de nuevo una vez más.

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