El levantamiento del secreto bancario de las cuentas del Sunca permitió a la fiscalía de Delitos Económicos realizar la trazabilidad de los pagos que se hicieron a familiares de trabajadores fallecidos en accidentes laborales, para definir si hubo otros casos en los que no se pagó lo que correspondía, dijeron a El Observador fuentes de la investigación.
Cada vez que ocurre una muerte en la construcción, a cada afiliado, de los 15.000 que aproximandamente están sindicalizados, se le descuenta una hora de trabajo de sueldo y ese dinero es transferido por las empresas directamente al sindicato. Luego el sindicato se lo transfiere a la familia.
El sistema de auxilio económico para familiares de trabajadores fallecidos por accidentes laborales funciona desde 2011.
La maniobra se descubrió el años pasado cuando la familia de uno de los trabajadores fallecidos advirtió que se le pagó menos de lo que le correspondía, lo que motivó el inicio de la investigación.
La familia que denunció sostuvo que recibió $2.923.132 y había faltado incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, que estiman serían unos $180.000 más.
La donación había sido entregada junto a un acta notarial firmada por el presidente del Sunca, Richard Ferreira, y la secretaria de Finanzas Alberti. Es así que la indagatoria se centra en Alberti por ser la encargada de manejar las finanzas.
La fiscalía a cargo de Gilberto Rodríguez que lleva la investigación está abocada a realizar el cotejo de los pagos que en la mayoría de los casos se realizaron a través de las cuentas del BROU del Sunca pero también de otros bancos privados, para identificar si pasó lo mismo en otros casos.
Alberto ocupó el segundo lugar de la lista 658, vinculada al Partido Comunista que resultó la más votada en las elecciones del Sunca que se realizaron entre el 24 y 26 de marzo para renovar el Consejo Ejecutivo Nacional que dirigirá el sindicato hasta marzo de 2029.
La dirigente sindical también es indagada en el caso del desvío de dinero del Fondo Social de la Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) por el que hasta el momento fueron condenados ocho personas responsables de las maniobras para desviar US$ 1 millón. Por ese caso declaró en Fiscalía el año pasado y negó estar vinculada a la estafa.
La investigación descubrió dos tipos de maniobras con respecto al Fosvoc. Por un lado se realizaron 193 transferencias irregulares disfrazadas como “pagos a proveedores” y otros rubros. Los destinatarios eran los tres sindicalistas condenados en junio de 2025: Víctor Rivero, Santiago Bernaola y Bruno Bartolio; pero también otros doce, algunos de ellos también condenados: Carlos Larrosa, Robert Martinez, Juan Ortiz, John Fernández, Alejandro Lyon, Diego Almeida, María Cuello, Viviana Vidal, Andy Raimond, Nicolás Mañana, Miguel Duarte, Pilar Ferreira Cuello.
La otra maniobra consistía en pedir partidas especiales, sin reembolso, inventando un “motivo especial” (un cáncer terminal, un trasplante de órgano o un trágico incendio). Solo en 2024 se realizaron 40 solicitudes truchas sin exigir ninguna documentación que acreditara esa situación y se utilizaron datos falsos o de personas muertas.
