Economía e Interior proponen impuesto para fondo de ayuda a víctimas de delitos
Quieren descontar 0,033% a salario de los trabajadores, idea que será estudiada por el presidente
Los ministerios de Economía y Finanzas e Interior proponen crear un nuevo impuesto que se descuente del salario de los trabajadores para financiar el Fondo Nacional de Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, establecido en uno de los proyectos del gobierno en el paquete de seguridad “Por la vida y la convivencia”, en discusión desde su lanzamiento, el 20 de junio.
Según transmitieron jerarcas de ambos ministerios a parlamentarios del Frente Amplio, se trata de un tributo a los sueldos similar al que se cobra actualmente para financiar el Fondo de Reconversión Laboral (FRL), pero sensiblemente menor en cantidad, según explicaron a El Observador fuentes del Poder Legislativo.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó anoche a El Observador la propuesta y dijo que se proyecta cobrar un tributo “de alcance universal” que sea del 0,033% de los ingresos salariales, cifra que aún no está confirmada.
Por su parte fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas también confirmaron la iniciativa.
El gobierno pretende recaudar US$ 10 millones por año con el nuevo impuesto, que será administrado por el Banco de Previsión Social (BPS). Si el gravamen de 0,033% prospera, los trabajadores aportarán $ 1 por cada $ 3.030 que cobren de salario.
En el Ministerio de Economía tiene previsto presentar un texto definitivo hoy a los legisladores del oficialismo que trabajan en la modificación de los proyectos remitidos por el gobierno.
El Poder Ejecutivo estudiará esta propuesta en las próximas horas y se espera que el presidente José Mujica laude sobre esta iniciativa.
La bancada de diputados del Frente Amplio resolvió votar esta iniciativa –si es que llega hoy– el próximo martes 4 de setiembre en el plenario de la Cámara de Representantes.
El texto original, redactado por el Poder Ejecutivo, establecía la financiación por medio del descuento de 1% de la recaudación de las empresas aseguradoras, tanto de las privadas como del Banco de Seguros del Estado (BSE).
En 2011, la venta de pólizas fue más de una vez y media mayor que en 2006. Quitando los seguros por accidentes laborales, que son monopolio del BSE, el año pasado las aseguradoras recaudaron en conjunto US$ 686,5 millones, 24,5% más que en 2010. De ese monto, el gobierno pretendía retener 1% para financiar el fondo de las víctimas, pero luego de reuniones en las comisiones del Parlamento que atendieron el tema con la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea), los legisladores entendieron oportuno retirarlo, y por ese motivo el proyecto volvió al Poder Ejecutivo para estudiar una nueva vía de financiación.
El Fondo de Reconversión Laboral recaudó en 2010 US$ 17 millones, con una tasa de 1,125 % que se cobra a los salarios. Eso lo pagan los trabajadores y también los empresarios por los sueldos de cada uno de sus empleados. El dinero es administrado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Pensión vitalicia
De acuerdo al proyecto del gobierno, 25% de lo recaudado por el fondo de las víctimas se destinará anualmente al Ministerio del Interior, para “fortalecer” el ya existente Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, mientras que el resto se destinará a cubrir la pensión a las víctimas del delito. Esa pensión, según lo indica el texto original del Poder Ejecutivo, será equivalente a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones($ 14.502) por mes.
La retribución será aplicada cuando ocurra un homicidio en ocasión de delitos de rapiña, copamiento o secuestro. En ese caso, serán destinatarios de la pensión el cónyuge o concubino de la víctima que haya sido declarada judicialmente, “siempre que estuviese conviviendo con la víctima al momento del deceso”, dice el proyecto.
También podrán ser destinatarios de la pensión los hijos de la víctima hasta que cumplan la mayoría de edad, o los hijos que hayan sido judicialmente declarados incapaces de por vida, hasta tanto no cese esa condición. La pensión será vitalicia, y según calculan los parlamentarios que trabajaron en la discusión, atenderá a nuevas 50 familias por año.
El proyecto de ley prevé también que en los casos de haber varias personas con derecho a la pensión reparatoria, su monto ($14.502) se distribuirá.
