Fue una sesión relámpago. Menos de 45 minutos duró este martes la reunión de la Comisión de Seguridad Social y Hacienda de Diputados, que debía tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo por el que se habilita a que los llamados cincuentones abandonen el sistema mixto de seguridad social.
Los legisladores esperaban que la delegación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) diera su punto de vista sobre la iniciativa, pero ante todo echara luz sobre un aspecto que hoy despierta más dudas que certezas: el impacto que tendrá en las cuentas públicas el cambio de régimen de los afiliados mayores de 50 años.
Pero nada de eso pasó. La delegación del MEF pidió dos semanas más para terminar de delinear cuáles son los costos de la iniciativa. Durante la reunión, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, expresó que luego de enviado el proyecto de ley hubo hechos como los cambios que aprobó el Banco Central (BCU), que inciden en el cálculo de las rentas vitalicias y por lo tanto "juegan a la hora de decidir", según relataron a El Observador participantes del encuentro.
La cartera quiere incorporar esas variables a su análisis y estudiar a fondo otras proyecciones que han realizado el Banco de Previsión Social (BPS), la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) y República AFAP.
La semana pasada, el BPS había presentado ante la comisión un estudio donde estimó que habilitar a que los cincuentones abandonen el régimen de seguridad social mixto de las AFAP y retornen al pilar solidario del BPS implicaría un costo máximo para las arcas públicas de US$ 2.558 millones.
El trabajo da cuenta que entre 2018 y 2022 los resultados son positivos, pero a partir de esa fecha sucederán 44 años de números negativos hasta 2066.
Aunque el MEF no emitió juicio sobre las proyecciones del BPS, tampoco adoptó ese informe y lo analizará como insumo para realizar sus propias proyecciones. Durante la sesión, tanto el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez como el representante del Partido Independiente Iván Posada plantearon diferencias con la tasa de descuento utilizada por el BPS, una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago a futuro.
"La estimación realizada por el BPS con la tasa de descuento utilizada de 1,5% parece un verdadero disparate. No hay fundamento para la utilización de esa tasa. La tasa de actualización de ese valor futuro tendría que ser algo más de cero quizás, pero en el entorno de cero. Eso da un costo aun mayor a lo que está proyectando el BPS", alertó Posada a El Observador.
En la proyección de largo plazo, el sobrecosto fiscal estimado es de US$ 2.558 millones en un escenario de máxima y de US$ 1.095 millones en un escenario de mínima. Incluso el estudio del BPS hace mención a un segundo escenario que utiliza una tasa de descuento de 2%. En ese caso el costo cae a US$ 2.259 millones para el escenario de máxima y a US$ 967 millones para el escenario de mínima.
Las simulaciones realizadas indican que podrían cambiar de régimen entre 28.168 y 70.559 afiliados, lo que significaría que las AFAP transfieran al Fideicomiso de la Seguridad Social que administrará el BPS entre US$ 1.259,9 millones y US$ 2.908,9 millones. Ese ingreso se genera por única vez y es transferido luego que el afiliado cambia de régimen. El dinero de los afiliados sería suficiente para cubrir el pago de las prestaciones por entre 8 y 10 años. Transcurrido ese tiempo, el costo de esas prestaciones deberá ser cubierto con recursos del BPS.
La última proyección del banco está bastante por debajo del costo que han reportado otros actores del sistema previsional. Anafap informó en el Parlamento que hay entre 70 mil y 80 mil personas en ese grupo denominado de los cincuentones. Ese escenario supondría un costo que no bajaría de US$ 4.000 millones en un horizonte de 20 años.
En tanto, las últimas proyecciones realizadas por República AFAP muestran que el número de afiliados a esa administradora a los que podría resultarle beneficioso pasarse al régimen de transición son unos 44.230. Eso tendría un costo neto de US$ 3.000 millones.
"Hay mucha incertidumbre sobre estas estimaciones. Supongo que lo que quiere el MEF es trabajar para dar una opinión fundada en el ámbito parlamentario de lo que debe hacerse, lo cual supondría entre otras cosas cambiar el proyecto", dijo Posada.
La semana pasada la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio definió como prioridad aprobar antes de fin de año el proyecto de ley de cincuentones.
Para ello se instaló una comisión con el objetivo de definir cambios al proyecto y se resolvió que lo que se acuerde en ese ámbito se apruebe primero en comisión, y se vote luego a "tapa cerrada" en Diputados y Senadores, informó El País.
Para definir el alcance de cualquier modificación resta todavía un insumo clave que es conocer la posición de Economía.
El diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini cuestionó este martes en rueda de prensa el nuevo plazo pedido por el MEF. "Es absolutamente increíble que estamos considerando hace tres meses un proyecto de ley firmado por todos los ministerios, incluso Economía, y nos piden tiempo para saber cuánto cuesta. Es desolador que el ministerio haya mandado este proyecto de ley y no haya hecho los números para saber cuánto le cuesta al país lo que está proponiendo", dijo Gandini.
El proyecto de ley abarca a todas las personas que tenían 50 años o más al 1° de abril de 2016, quienes podrán elegir si quieren desafiliarse del régimen de AFAP, aportar solo por el BPS y luego cobrar una jubilación única del organismo estatal. En una primera instancia, que irá desde la fecha de vigencia de la ley hasta un año más tarde, podrán presentarse aquellas personas que tenían 56 años o más al 1° de abril de 2016. Una segunda tanda, una vez trascurrido un año desde la entrada en vigencia, incluirá a las personas que tenían entre 53 y 55 años a esa fecha. Por último, las personas que tenían entre 50 y 52 años a abril de 2016 podrán optar cuando se cumplan dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
