El acuerdo solidario de la Unión Europea

Ahora, la pandemia enfrenta a la UE a otra instancia de excepción.

Porque al igual que en el resto del mundo, el virus ha causado un grave perjuicio a su economía, con una proyección de baja de la producción del orden del 10 % para este año, acompañada por un aumento considerable del desempleo. Ante esta evidencia, Emmanuel Macron y Angela Merkel impulsaron la creación de un fondo de 750.000 millones de euros para financiar la recuperación de las economías más débiles, temiendo por el crecimiento de los movimientos populistas y un quiebre del euro.

Pese a la oposición inicial de los países “frugales” del norte europeo más Austria, hace veinte días y luego de arduas negociaciones, el pleno de los veintisiete países miembros aprobó el presupuesto para los próximos siete años por 1.1 trillones de euros y, como novedad, la creación por una única vez de un fondo denominado “Next Generation EU” por el monto propuesto por Macron y Merkel, sobre ciertas bases imposibles de imaginar tan sólo seis meses atrás. 

La primera de ellas es que la Comisión Europea, actuando en representación de los países miembros, habrá de recaudar este monto mediante la emisión de valores a lo largo de seis años con un plazo de vencimiento de hasta el 2058, pagando una tasa de interés seguramente muy conveniente.  

No habrá una garantía común para el repago de esta deuda, que comenzará a partir del 2028, a través de nuevos impuestos que recaudará la CE o mayores contribuciones de los países al presupuesto comunitario. Por ahora, un impuesto sobre el uso de los plásticos parece tener un principio de aprobación y están en estudio otros sobre las empresas digitales y la importación de rubros dañinos para el medio ambiente.

La segunda innovación es que 390.000 millones de euros del fondo, o sea poco más de la mitad del total, serán distribuidos entre los países bajo la forma de subvenciones que, por tanto, no se agregarán a sus compromisos. Fue éste un pedido importante de los países más endeudados de la zona, con el fin de no aumentar el nivel ya de por sí alto de su deuda pública. 

El NGEU equivale a un 4.7 % del PBI de la UE, que es cerca de la mitad del programa de recuperación puesto en funcionamiento por Estados Unidos ante el daño del virus. El fondo será distribuido a lo largo de siete años, en adición a los programas de estímulo que ya están en marcha en cada uno de los países. Al menos un 30 % del total deberá ser asignado a la protección del medio ambiente y el progreso tecnológico.

El fondo será asignado en base al daño causado por la pandemia, más que a los datos sobre el ingreso por habitante y el desempleo previos a la crisis.  Así, se estima que España e Italia habrán de recibir un 5 % de sus respectivos PBI en tres años, proporción que será algo mayor en otros países de menor dimensión económica.

En contrapartida, los frugales lograron un aumento de las devoluciones  que perciben de sus aportes al presupuesto de la UE. A vía de ejemplo, la devolución a Austria, que era de565 millones de euros al año, ahora será duplicada, la de los Países Bajos aumentará desde 1.570 millones a 1.920 millones y algo similar ocurrirá con los otros. En cambio, el descuento de Alemania permanecerá igual. 

El futuro dirá si estas novedades sólo son de aplicación por esta vez o pasarán a ser parte del funcionamiento regular de la UE

Otra innovación destacable es que, a diferencia del pasado, cuando un comité de expertos era el encargado de evaluar el cumplimiento de los programas de reforma que se financiaban con fondos comunitarios, en esta ocasión la supervisión quedará a cargo de la Comisión Europea. En este ámbito, un gobierno podrá plantear su cuestionamiento al plan de recuperación de otro país, con un efecto suspensivo sobre el desembolso de los fondos por un trimestre, a la espera de la decisión de una cumbre de líderes especialmente convocada a estos efectos. 

Es una cláusula que será de difícil aplicación. A diferencia de los programas de reforma aplicados en la década pasada, cuya supervisión se hizo sobre metas  previamente acordadas, ahora las eventuales objeciones podrán apuntar a una variedad  de temas abiertos a la interpretación de los firmantes, como la seguridad social, el mercado laboral o el apoyo a los sectores más afectados por la crisis, como el turismo, o a otros con mejores perspectivas de futuro.

Finalmente, el acuerdo aporta otra novedad de importancia, puesto que condiciona el uso de los recursos del fondo a la vigencia del estado de derecho. En un marco de cierta ambigüedad, pero con la vista en algunas prácticas antidemocráticas de Hungría o Polonia, un país podría ser excluido del uso del fondo por estas razones.

El acuerdo del mes pasado fue una movida solidaria de excepción, en tanto dispuso la emisión de una deuda comunitaria y un sistema de subsidios a favor de ciertos países, que estará sujeto a una supervisión de orden político tanto sobre el programa de reformas como sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas.

El futuro dirá si estas novedades sólo son de aplicación por esta vez o pasarán a ser parte del funcionamiento regular de la UE.