El arriesgado partido entre Cristina y la Justicia de EEUU
El gobierno argentino busca posicionarse como una víctima empujada hacia el default
En las últimas horas, el juicio entre Argentina y los “fondos buitres” tuvo varios golpes de impacto. Argentina busca victimizarse como un país al que empujan al default, pero el juez estadounidense Thomas Griesa la obliga a negociar. Fiel a su naturaleza, el gobierno argentino no deja de actuar pensando cada jugada en términos de “costo político”. Es algo que quedó en claro con el anuncio del pago adelantado a los bonistas sin hacerlo extensivo a los “fondos buitres”.
“Estamos redoblando la apuesta de vuelta, diciendo que nos tiene que hacer caso porque sino lo que viene para ustedes y para el resto va a ser peor”, argumenta el politólogo Rosendo Fraga, quien se declara poco optimista respecto del éxito de la estrategia argentina.
En tanto, el economista Tomás Bulat resume la sensación existente por estas horas: “La reacción que está esperando Argentina es una movilización mundial para pedir la cabeza de Griesa; el gobierno expresa un convencimiento del gobierno de que hay una connivencia de Griesa con los buitres”.
Y no oculta su preocupación por esta actitud: “Es una estrategia muy arriesgada, en la cual el gobierno argentino está jugando con una lógica de política interna. Está toreando a la Justicia estadounidense, y el riesgo es caer en default por desacato”.
El riesgo de jugar a la víctima
En todo caso, los hechos de las últimas jornadas frenéticas revelan que lo que más preocupa ahora al gobierno es impedir que se hable de un default voluntario. Así se explica el “partido de truco” que viene jugando con el juez Griesa desde que el pasado 12 de junio la Corte Suprema de Justicia estadounidense dejó en firme la sentencia a favor de los “fondos buitre”.
“El gobierno le pasó el costo político a Griesa, que decido cuánto cobran los holdouts y cuánto los bonistas, de los US$ 532 millones que irán desde el Banco Central al Bank of New York (embargados)”, afirma el economista José Luis Espert.
Por su parte, Eduardo Levy Yeyati, exejecutivo del banco Barclays y director de la consultora Elypsis, considera previsible que el juez estadounidense responda a la movida argentina con un embargo, lo cual estaría dentro de lo previsto por los funcionarios K.
“Si el gobierno pensara en defoltear, haría un canje de jurisdicción; dejándose embargar solo eleva el costo de salirse de la negociación”, afirma el economista.
Ese desafío al juez Griesa es el argumento al que se aferran los funcionarios y analistas afines al kirchnerismo: suponen que, llegado el momento, el magistrado estadounidense no se expondrá al repudio de la opinión pública internacional.
“El costo político de avanzar en un embargo de los fondos depositados, que no son de la Argentina, sino de los bonistas es muy alto”, resume Fernanda Vallejos, economista de La Gran Makro, quien celebra la estrategia del gobierno porque “de ahora en más, la responsabilidad política está del otro lado, en manos de la Justicia de Estados Unidos”.
El contraataque de Griesa
Claro, hay un problema para quienes sostienen esta postura: es que Griesa, a lo largo de todo el extenso “juicio del siglo”, demostró no preocuparse demasiado por la imagen de corrección política tal como se la entiende por estas latitudes.
Más bien al contrario, parecería que la dureza le sienta bien. Y no son pocos los analistas que creen que cada jugada política argentina puede jugar en contra, algo que, de hecho, se vio con el rechazo de la Corte Suprema a tomar el caso.
El documento leído por Kicillof en conferencia de prensa insinúa con bastante claridad que el juez no tiene la imparcialidad necesaria para manejar este caso. Un argumento que sólo puede irritar al magistrado, luego de dos fallos condenatorios.
Por lo pronto, el juez está dando pruebas de tener mayores reflejos políticos de lo que en la Argentina se suponía. Su decisión de impedir el pago a los bonistas –pero sin embargar el dinero-, y dar al país un mes para negociar, deja al gobierno de Cristina Kirchner en una situación incómoda.
En definitiva, el magistrado le quitó al gobierno la posibilidad de “victimizarse”, extendió el plazo para un default y no le deja más alternativa que hacer lo que Cristina siempre dijo que no ocurriría: sentarse a hablar con los “buitres” para explicar cómo van a pagar la deuda.
Claves
La deuda que Argentina contrajo con los “fondos buitres” se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando se produjo el llamado “corralito” en el país latinoamericano.
Desde entonces, el gobierno argentino ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron 93% de los acreedores, quedando 7% entre los que se encuentran los llamados “fondos buitres”, que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100% de pago.
La convocatoria de Griesa se conoce en un momento de alta tensión entre el gobierno y los fondos de cobertura que compraron la deuda impaga por cerca de US$ 1.330 millones y no aceptaron las propuestas de canje con una quita.
