Si hay alguien que pone en duda la máxima de Albert Einstein sobre que el tiempo es relativo, es porque no vive ni hace negocios en Argentina. Los cinco meses que restan para 2015, un lapso que en cualquier país es considerado como cortísimo, son vistos aquí como un lapso demasiado largo para hacer cualquier plan.
Menos crédito
No por casualidad, una de las noticias más comentadas por los economistas en los últimos días fue la licitación de deuda que hizo Paraguay, que pidió US$ 750 millones, recibió ofertas por US$ 3.700 millones y finalmente tomará el crédito por US$ 1.000 millones a 30 años por una tasa de 6%.
La envidia que genera ese tipo de noticias en Argentina es imposible de disimular. Aquí, el último intento de tomar deuda, por parte de la provincia de Buenos Aires, recibía ofertas de una tasa de 13%. El objetivo que se había trazado el gobierno después de arreglar con el Club de París, y cuando creía que el tema de los “buitres” estaba controlado, era financiarse a 8%.
Ahora que el país volvió al default, de más está decirlo, no hay posibilidad alguna de financiarse con nadie. Hay, incluso, cierto temor respecto de que la petrolera YPF pueda tomar crédito sin ser objeto de embargos.
De hecho, Argentina está sufriendo ahora la peor combinación: ya empezó a pagar las cuotas como resultado de haber hecho “buena letra” en sus acuerdos con Repsol y con el Club de París, y no tendrá el beneficio de acceder a ventanillas de crédito.
Los economistas calculan que en el segundo semestre el gobierno deberá hacer frente a vencimientos por US$ 3.000 millones.
No debería ser algo difícil de enfrentar para una economía del tamaño de Argentina. Pero claro, para ello se necesita un flujo de dólares entrantes. Y en los próximos meses ocurrirá lo contrario porque, además de la falta de crédito, mermará el ingreso de los dólares de la exportación agrícola, tanto por motivos estacionales como por caída de los precios internacionales.
Como, además, las reservas del Banco Central deben destinarse prioritariamente a la compra de combustibles –una cuenta cada vez más pesada desde que el país perdió el autoabastecimiento–, entonces algún rubro debe sacrificarse como variable de ajuste.
Resulta sintomático el hecho de que los permisos de ventas de dólares para ahorristas se hayan restringido en las últimas semanas, justo en coincidencia con un aumento de la demanda por el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno.
Pero para los analistas no hay dudas sobre cuál será el ajuste más importante: una represión a las importaciones. Con el agravante de que eso no afecta solamente al consumo de productos finales, sino sobre todo a la industria, que depende de insumos y partes comprados en el exterior.
En este contexto, todas las consultoras están revisando a la baja sus pronósticos sobre caída del Producto Interno Bruto (PIB): los más optimistas pensaban que podían rondar el 1%, y ahora se instala la idea de que se puede llegar a caer más de 3%.
El costado más grave de esta situación es el agravamiento del desempleo: la industria automotriz, en pleno desplome, ya suspendió a 14 mil trabajadores, mientras que la construcción ya perdió 20 mil puestos de trabajo.
Hasta ahora, la conflictividad sindical no ha sido tan grave como pueden suponer estas cifras, pero la perspectiva, en la medida en que la actividad no mejore, es de un empeoramiento del clima social.
El explosivo “factor buitre”
Hasta ahí, un escenario complicado pero no muy distinto a una recesión tradicional. Sin embargo, la situación del default implica más amenazas en el camino que queda hasta enero.
Está la posibilidad de que los bonistas que no lograron cobrar sus acreencias –no los “buitres”, sino los que habían entrado al canje de reestructuración de deuda– se presenten ante la justicia y exijan el pago inmediato de fondos originalmente programados hasta 2038.
De ocurrir esto, alertan los economistas, se dispararía una crisis financiera mucho más aguda de la que se está viviendo ahora, ya que la acumulación de obligaciones equivale prácticamente a la totalidad de reservas del Banco Central.
En cualquier caso, la forma en la cual los economistas creen que se manifestaría la inconsistencia económica es la clásica de Argentina: una devaluación brusca.
Como se prevé que la emisión monetaria aumentará mientras que las reservas, en el mejor de los casos, quedarán estabilizadas en torno de US$ 28.000 millones, los pronósticos apuntan a que el dólar paralelo pueda llegar a 17 pesos argentinos, desde su precio actual de 12,8 unidades.
Y en lo que respecta al dólar oficial, el consenso es que, como mínimo, se deslizará 20% respecto de su valor actual.
En este contexto de inestabilidad, cinco meses puede ser un período muy largo. Y, por cierto, no se puede descartar la repetición de incidentes que ya se han transformado en clásico del fin de año, como los saqueos en barrios periféricos. Ni, tampoco, la ola de apagones cuando llegue el calor.
Las claves
Actividad. Los últimos acontecimientos llevaron a los economistas a revisar sus pronósticos, con caídas del PIB en el orden del 3%.
Desequilibrio. Los anuncios de Cristina Fernández confirman que en los próximos meses habrá una expansión del gasto público, mientras el ingreso de divisas se reduce al mínimo.
Cambio. La persistencia de la inflación, sumada a la acumulación de deudas, ha llevado a pronósticos de una devaluación brusca antes de fin de año.
Menos crédito
No por casualidad, una de las noticias más comentadas por los economistas en los últimos días fue la licitación de deuda que hizo Paraguay, que pidió
US$ 750 millones, recibió ofertas por US$ 3.700 millones y finalmente tomará el crédito por
US$ 1.000 millones a 30 años por una tasa de 6%.
La envidia que genera ese tipo de noticias en Argentina es imposible de disimular. Aquí, el último intento de tomar deuda, por parte de la provincia de Buenos Aires, recibía ofertas de una tasa de 13%. El objetivo que se había trazado el gobierno después de arreglar con el Club de París, y cuando creía que el tema de los “buitres” estaba controlado, era financiarse a 8%.
Ahora que el país volvió al default, de más está decirlo, no hay posibilidad alguna de financiarse con nadie. Hay, incluso, cierto temor respecto de que la petrolera YPF pueda tomar crédito sin ser objeto de embargos.
De hecho, Argentina está sufriendo ahora la peor combinación: ya empezó a pagar las cuotas como resultado de haber hecho “buena letra” en sus acuerdos con Repsol y con el Club de París, y no tendrá el beneficio de acceder a ventanillas de crédito.
Los economistas calculan que en el segundo semestre el gobierno deberá hacer frente a vencimientos por US$ 3.000 millones.
No debería ser algo difícil de enfrentar para una economía del tamaño de Argentina. Pero claro, para ello se necesita un flujo de dólares entrantes. Y en los próximos meses ocurrirá lo contrario porque, además de la falta de crédito, mermará el ingreso de los dólares de la exportación agrícola, tanto por motivos estacionales como por caída de los precios internacionales.
Como, además, las reservas del Banco Central deben destinarse prioritariamente a la compra de combustibles –una cuenta cada vez más pesada desde que el país perdió el autoabastecimiento–, entonces algún rubro debe sacrificarse como variable de ajuste.
Resulta sintomático el hecho de que los permisos de ventas de dólares para ahorristas se hayan restringido en las últimas semanas, justo en coincidencia con un aumento de la demanda por el cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno.
Pero para los analistas no hay dudas sobre cuál será el ajuste más importante: una represión a las importaciones. Con el agravante de que eso no afecta solamente al consumo de productos finales, sino sobre todo a la industria, que depende de insumos y partes comprados en el exterior.
En este contexto, todas las consultoras están revisando a la baja sus pronósticos sobre caída del Producto Interno Bruto (PIB): los más optimistas pensaban que podían rondar el 1%, y ahora se instala la idea de que se puede llegar a caer más de 3%.
El costado más grave de esta situación es el agravamiento del desempleo: la industria automotriz, en pleno desplome, ya suspendió a 14 mil trabajadores, mientras que la construcción ya perdió 20 mil puestos de trabajo.
Hasta ahora, la conflictividad sindical no ha sido tan grave como pueden suponer estas cifras, pero la perspectiva, en la medida en que la actividad no mejore, es de un empeoramiento del clima social.
