El Congreso chileno aprobó la reforma que permite un nuevo proceso constituyente

El cuerpo será elegido por el voto popular el próximo 7 de mayo y tendrá cinco meses para elaborar un proyecto que será finalmente plebiscitado el 17 de diciembre de este año.

Previamente un comité de expertos designado por el Congreso le fijará los temas a los que los constituyentes deberán atenerse.

Así lo dispuso la reforma aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados de Chile para reencauzar la elaboración de una nueva carta magna, tras el rechazo de la elaborada por la Constituyente votada en 2020.

La reforma fue aprobada por 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones. Los diputados lo celebraron con aplausos y ahora sólo resta que el presidente Gabriel Boric la promulgue.

El itinerario para un nuevo proceso constituyente había sido aprobado el diciembre último al cabo de tres meses de negociaciones entre 14 partidos, desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista, en el denominado Acuerdo por Chile.

Los votos en contra vinieron principalmente de los parlamentarios del ultraderechista Partido Republicano y del liberal Partido de la Gente, que no participaron en las negociaciones del año pasado.

Los 50 integrantes del llamado Consejo Constitucional serán elegidos en las urnas el 7 de mayo y tendrán hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto.

A ellos se sumarán escaños para consejeros de pueblos indígenas de acuerdo al porcentaje de votación en la elección que se realizará el próximo 7 de mayo con voto obligatorio.

 Antes, en marzo, se establecerá el Comité de Expertos conformado por 24 figuras designadas por parte iguales por el Senado y por la Cámara de Diputados, que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo.

En paralelo, funcionará un Comité Técnico de Admisibilidad, con 14 integrantes designados por el Congreso, que velará por el cumplimiento de 12 bases institucionales acordades en diciembre.

Entre esos principios se encuentran la declaración de Chile como un "Estado social y democrático de derechos", el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la "nación chilena" y el sistema bicameral, así como la independencia del Banco Central.

A través de estas sucesivas mediaciones se buscó evitar que se reedite una propuesta refundacional, como la rechazada en el plebiscito del pasado 4 de septiembre por más del 62,5 % de los votos.

La misma había sido redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos, electa tras el estallido social y político de 2019.

Según el calendario aprobado, el proyecto de nueva Constitución deberá ser entregado el 21 de octubre de 2023, para que la ciudadanía vote “a favor” o “en contra” en un plebiscito de salida obligatorio que se realizará el 17 de diciembre.

Tras rechazo en el plebiscito de septiembre, primó el consenso de sustituir la Constitución actual, instaurada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Por ello, pese a la derrota del proyecto oficialista hace sólo cuatro meses, el gobierno calificó al nuevo proceso como “un triunfo de la democracia”, según expresó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, presente en la votación.