El difícil plan “la vida continúa”
El gobierno argentino asegura que todo goza de normalidad
Mientras el mundo habla de default, en la Argentina hubo una sobredosis de “relato” para contrarrestar las predicciones de los analistas sobre dificultades en la economía.
El operativo “la vida continúa” está oficialmente en marcha: para el gobierno no hay default, la economía está funcionando, el gobierno sigue enfocado en sostener la actividad y no resigna el consumo como uno de los motores.
El antecedente más cercano al respecto es el de la expropiación de la emblemática petrolera YPF, una medida que tuvo en su momento el apoyo del 85% de la población. Y que generó cierta parálisis entre los dirigentes opositores, al punto que muy pocos se animaron a votar en contra de la nacionalización cuando el tema fue tratado en el Congreso.
De la misma manera, en los últimos días se notó extrema cautela entre los precandidatos opositores, que temen ser rotulados como “defensores de los buitres”.
Pero los politólogos afirman que el repunte en la imagen de Cristina Fernández puede rápidamente sufrir una reversión si la economía empieza a sentir los efectos del default. Por lo pronto, los ahorristas y turistas que solicitan dólares están recibiendo permisos por sumas cada vez menores. El consumo sigue sin dar señales de reacción, con caídas de 8% respecto del año pasado. Y, en la industria, ya es inocultable el incremento del desempleo.
El panorama que plantea Credit Suisse
El banco suizo Credit Suisse sostuvo que el impacto del default de Argentina estará determinado por su duración y la estrategia de comunicación del gobierno. Consideró que el “default selectivo será probablemente un evento aislado con poco impacto regional o derrame global”. Estima que Argentina “no enfrenta una crisis de solvencia” y que en el corto plazo el impacto más inmediato sería una aceleración de la caída de la actividad.
De esta manera, la entidad de inversión más grande del mundo, maneja tres escenarios posibles para el default local: uno optimista, que implicaría una solución más o menos inmediata vía acuerdo entre privados, y otro pesimista, que consideraría un posible acuerdo recién en 2016 en el próximo mandato presidencial. El intermedio y más probable, es de una solución directa con los holdouts en el primer semestre de 2015.