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El Gobierno de Milei anunció el cierre de dos organismos y el despido de 900 empleados
En la mañana del martes, el Gobierno avanzará en la eliminación de dos organismos públicos: el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni e impulsada por el ministerio de Economía, Luis Caputo, busca una reestructuración del Gobierno, que implica una reducción significativa de empleados y gastos.
“Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección y quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, afirmó el vocero.
Además, explicó que “tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena fue creado durante la gestión de Alberto Fernández en 2022, con la intención de apoyar a estos sectores de la población, y estaba a cargo de Miguel Gómez, un dirigente del Movimiento Evita cercano a Emilio Pérsico. Sin embargo, se encontraron irregularidades en su funcionamiento, como la asignación discrecional de fondos y una alta proporción de gastos destinados a sueldos. Este anuncio también se da en el contexto de una denuncia por presunto fraude a la administración pública contra Pérsico.
Denuncian al piquetero Emilio Pérsico por fraude a la administración pública y abuso de autoridad
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, presentó una denuncia penal contra el piquetero Emilio Pérsico por presuntos delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia, realizada en conjunto con la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, surge a raíz de una condena firme impuesta por la Oficina Anticorrupción en diciembre de 2023, durante la gestión anterior.
En el expediente administrativo, Pérsico fue condenado por intervenir como "juez y parte" en distintos expedientes administrativos durante su período como Secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Social, utilizando su cargo para favorecer a la Federación Evita y la Cooperativa La Patriada con importantes subsidios económicos del Estado.
El Ministerio de Capital Humano considera que este accionar no solo viola la ética de los funcionarios públicos, sino que también constituye delitos penales. La denuncia formal busca investigar adecuadamente estos hechos y determinar posibles responsabilidades.
Se señala que, durante su gestión, Pérsico ejercía la supervisión y control de las actividades y fondos estatales destinados a programas como Potenciar Trabajo. Su rol incluía aprobar informes técnicos favorables para la entrega de subsidios estatales a organizaciones vinculadas a él mismo.
Los fondos estatales, controlados por Pérsico, habrían sido dirigidos a organizaciones con las que mantenía estrechos vínculos, configurando así un presunto daño patrimonial a la administración pública.
