El perro que no quería dejar el Royal y otras historias del desalojo
En breve comenzará el reciclaje; se venderán apartamentos y oficinas
Un perro que precisó ser medicado por resistirse a la mudanza fue uno de los últimos habitantes del edificio Royal. El animal, un ovejero alemán, no conocía el exterior. De cachorro había sido llevado a un apartamento del noveno piso. “Tuvieron que traer a la escuadra de perros policía para darle un calmante porque nunca lo habían bajado. El perro se negaba a abandonar el edificio”, dijo a El Observador el abogado de los propietarios, Pablo Bárcenas.
Ifamar S.A., la firma que adquirió los créditos en 2010, tuvo más suerte con los inquilinos humanos. Las advertencias de resistencia se fueron diluyendo con el paso de los días y, sobre el final del plazo, solo quedaban tres familias que cargaron sin contratiempos sus pertenencias al camión.
Una de ellas sorprendió a los propietarios. En su apartamento del décimo piso había instalado una peluquería para damas sin que nadie se hubiera percatado salvo las clientas que accedían por unas eternas escaleras sin barandas, sin luz y abriéndose paso entre la basura acumulada en los escalones; las mismas escaleras que atemorizaron al animal. Por ellas también iban y venían los clientes de “Encuentros Placenteros”, una casa de masajes ubicada en el sexto piso.
Esos episodios fueron catalogados como “graciosos” por Bárcenas, pero el desalojo del Royal también mostró el grado de precariedad en la que subsistían algunos de sus habitantes. Dos dominicanos se alojaban en el piso 16, en el cubículo donde algún día estuvieron los motores de los ascensores.
A diferencia de las familias peruanas −algunas instaladas desde hace una década−, los primeros dominicanos llegaron al Royal hace un año y no tenían niños a cargo.
Nueva vida
Desde 2010 a la fecha Iframar invirtió cerca de US$ 2 millones para tomar posesión del bien e invertirá más en su reciclado que comenzará en semanas. El objetivo de los propietarios es la venta de los apartamentos.
Según Bárcenas, los arquitectos designados para el proyecto consideraron que “es un buen punto, con buena estructura, con buenas terminaciones y con buen diseño”. Enfrente funcionará el hotel Pestana de cinco estrellas en el patrimonial Jockey Club y en la Plaza Independencia siempre estuvo el Radisson Victoria Plaza con la misma clasificación.
Antes de iniciar las obras, se procederá a una inspección y limpieza a fondo. Atrás quedaron muchas pertenencias sin valor para sus dueños. “Quedó más mugre que otra cosa”, apuntó Bárcenas; en especial, en los baños tapados con heces. Desde principios de setiembre no había servicio de agua potable puesto que la deuda con OSE superaba los $ 150 mil. Allí vivían 104 adultos y 50 niños, incluyendo un bebé de un mes.
Ya se sabe que se deberán rehacer todas las instalaciones sanitarias y eléctricas. Bomberos cortó la electricidad y se contrató solo luz de obra para el hall. El cableado existente fue señalado como un peligro que solo esperaba por un desastre.
También se deberá cambiar gran parte de las aberturas, colocar los pasamanos de las escaleras y reponer los ascensores. “A estos los fueron desguazando”, ilustró Bárcenas. Solo quedaban las puertas (con excepción de las de planta baja que fueron tapiadas) y los rieles. “Hace tiempo que se llevaron los motores y los cables”, agregó.
Inversión
A partir de 2010, Ifamar S.A. adquirió los créditos por vía judicial y saneó las deudas, fundamentalmente con la Intendencia de Montevideo, por más de US$ 750 mil, aunque se logró la quita correspondiente a la tasa de instalaciones mecánicas (dado que no había ascensor) y a la tasa comercial (dado que no quedaba ninguna empresa).
El Royal, que algún día supo tener hasta portero, fue cayendo en la decadencia cuando su propietario, el argentino Raúl Vivas, fue extraditado a Estados Unidos y procesado por narcotráfico. “Gente de su entorno fue haciendo promesas de compraventa falsas. En esos negocios fueron metiendo gente y el edificio se empezó a tugurizar”, recordó Bárcenas. Las llaves se vendían entre US$ 1.500 y US$ 3.000.
La sociedad anónima tuvo que, además, indemnizar a los legítimos propietarios de los apartamentos. Algunas compraventas tenían saldo de precio.
“El proceso comenzó en 2010 y terminó el sábado 19. Toda la operación insumió casi US$ 2 millones”, precisó el abogado.
