El peso del Estado

En la proclama de este año en Durazno los productores reclamaron reducir los cargos políticos en directorios y empresas públicas a tres personas. También, el no ingreso de empleados públicos ni contratados por al menos cinco años, a no ser en la atención directa en áreas sensibles como educación, seguridad y salud. Rechazaron la inamovilidad y pidieron revisar sueldos y partidas para los jerarcas que acceden a sus cargos por confianza política. 

Desde que el Frente Amplio llegó al gobierno, los empleados del Estado aumentaron 29,6%, según datos oficiales conocidos el año pasado. En marzo de 2005, cuando la izquierda asumió el gobierno por primera vez, la cantidad de vínculos laborales con el Estado se ubicaba en el entorno de los 230 mil. A diciembre de 2017 la cifra había trepado a 297.601, por lo que el país contaba con 68.147 trabajadores públicos más.

La alianza de izquierda justifica el incremento con dos argumentos. Uno es que se incorporaron al presupuesto miles de personas que ya trabajaban para el Estado como contratados. El otro es que el crecimiento se centró en áreas esenciales como la seguridad y los servicios sociales –en los que puede entenderse– y en educación y salud, sectores en los que no se justifican porque siguen naufragando en el atraso y la insuficiencia. Pero dirigentes opositores y técnicos privados alegan clientelismo y amiguismo partidario. Igual rechazo popular existe por los cargos de confianza, con acelerado crecimiento en los últimos años. 

La responsabilidad por el gasto desmesurado en personal no es exclusiva del Frente Amplio, ya que ocurre también en departamentos gobernados por el Partido Nacional, donde hay intendencias que han multiplicado los cargos de confianza a más de 100 en los últimos años.

En 2018 el presidente Tabaré Vázquez había prometido atender algunos de los reclamos contenidos en la proclama de los autoconvocados, hasta donde lo permitiera la debilidad de las cuentas públicas, centrada en el déficit fiscal.  Pero eso no sucedió y los datos que conocimos este jueves sobre el déficit fiscal no son alentadores. Sin contar el efecto de la ley de cincuentones, el rojo de las cuentas públicas empeoró en la comparación interanual y pasó de 3,5% del PIB en diciembre de 2017 a 4% del PIB en diciembre 2018. Ese guarismo es similar al registrado en diciembre de 2016.

Es momento de encarar en serio la reducción del Estado que ahoga toda la estructura productiva con exceso de personal y escasa eficiencia en la provisión de servicios vitales como seguridad y educación.